presos políticos
Decepción es una de las palabras usadas ante el incumplimiento de la oposición en sus promesas por liberar a los presos políticos

El arresto domiciliario de Leopoldo López se suma al de dirigentes opositores venezolanos que han salido de prisión pero no en libertad plena, mientras que aún permanecen presos decenas de políticos, por lo que la lista de los antichavistas encarcelados se mantiene abultada.

La ONG Foro Penal Venezolano afirma que hubo un aumento de la persecución política en el país desde las protestas antichavistas de 2014, pero el balance de 431 «presos políticos» que ofrece este organismo es desde el 1 de abril de este año cuando inició una ola de manifestaciones en el país que se saldan con 91 fallecidos.

Sin embargo, los casos de presos políticos más emblemáticos anteceden a estas protestas.

Entre ellos el de López, que fue acusado de la violencia desatada durante una movilización antigubernamental en 2014 que se saldó con 43 muertos, y condenado a casi 14 años de prisión en septiembre de 2015.

Por estos mismos sucesos, fue acusado el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua (norte), Delson Guárate, a quien le imputaron el delito de instigación.

El alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira (oeste), Daniel Ceballos, fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una orden del Tribunal Supremo que le obligaba a impedir la colocación de barricadas en su jurisdicción durante las protestas de ese año.

Tras cumplir la condena, se ordenó que el exalcalde continuaría preso por otra causa judicial por asociación para delinquir, relacionada también con esas protestas.

En agosto de 2015 se le concedió la medida de arresto domiciliario por motivos de salud, pero esta medida fue revocada un año después y Ceballos volvió a prisión por un supuesto plan de fuga.

Otro opositor encarcelado es el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido en febrero de 2015, señalado de conspiración y asociación para delinquir; además de vincularlo con dos personas acusadas de conspiración: Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles.

Tras dos meses detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en la que se encontraba López, recibió una cautelar y por motivos de salud actualmente cumple el arresto desde su domicilio.

Casi dos años y medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.

Gómez Saleh y Valles permanecen detenidos desde finales de 2014 en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Otro político preso es Yon Goicoechea, quien fue privado de libertad en agosto de 2016 por presuntamente planear acciones contra el Gobierno y portar cordones detonantes para explosivos al momento de su arresto.

Según Foro Penal, Goicoechea tiene boleta de excarcelación y el Sebin se niega a liberarlo.

El 11 de enero de este año el servicio de inteligencia detuvo también al diputado opositor Gilber Caro, violando su inmunidad parlamentaria a quien se acusa de fomentar supuestos grupos violentos con fines desestabilizadores.

Ceballos, Guarate, Goicoechea y Caro son militantes del partido Voluntad Popular, fundado y liderado por López.

La Fiscalía venezolana pidió el pasado sábado la revisión de las medidas de privativa de libertad de Ledezma, Ceballos y Gómez Saleh, y solicita una «medida cautelar sustitutiva de libertad» para los tres.

Otros considerados «presos políticos» en Venezuela, aunque no fueron detenidos bajo el gobierno de Maduro, son el comisario Iván Simonovis y el exministro de Defensa Raúl Baduel.

Simonovis fue condenado en 2009 a 30 años de prisión por dos de las 19 muertes registradas durante el golpe de Estado de 2002 a Hugo Chávez, y cumple arresto domiciliario desde septiembre de 2014. Cinco policías metropolitanos aún están recluidos en Ramo Verde por esos mismos sucesos.

Baduel, por su parte, fue detenido en 2009 y condenado a siete años y once meses de cárcel por corrupción.

A pesar de que desde 2015 Baduel gozaba de libertad condicional, fue detenido en enero de este año por «incumplir» las condiciones de la suspensión de la pena y estar «presuntamente incurso» en delitos contra la «integridad de la nación».

El general retirado Ángel Vivas es considerado también un preso del chavismo, luego de ser detenido el pasado 7 de abril por supuestamente instigar a la violencia durante las protestas de 2014




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