La represión y la intimidación persisten. Así comenzó el 2021 en Venezuela en medio de una severa crisis de servicios públicos que ha motivado a habitantes de algunos sectores a protestar en defensa de sus derechos, pero hay otros que no lo hacen por temor de ser detenido por funcionarios de algún cuerpo de seguridad durante una manifestación.
Lo primero que deben saber los ciudadanos es que si son sometidos por uniformados mientras solo están exigiendo lo que consagra la Constitución, el acto ilegal lo cometen los funcionarios, no los manifestantes, de acuerdo el coordinador en Carabobo del Foro Penal, Luis Armando Betancourt.
Durante la primera transmisión de 2021 de El Carabobeño en vivo, este lunes 18 de enero, el abogado dio una serie de recomendaciones que empiezan por mantener al tanto a familiares y personas cercanas del lugar donde será la protesta, la hora y en compañía de quienes se estará. “A veces pasan horas de desaparición de una persona y nadie sabe nada por falta de información”.
Lo siguiente es tener pleno conocimiento de sus derechos. “Hay gente que al ver una comisión de la policía acercarse se asusta y se va de la concentración en lugar de permanecer en defensa de sus derechos porque nadie lo puede detener sin una orden judicial o si no es capturado en flagrancia cometiendo un delito”.
Pero ante la falta de estado de derecho hay que aplicar otros mecanismos. “Usen las redes y sus celulares para grabar, tomar fotos, relatar en vivo que están siendo detenidos de manera ilegal, que se vea el nombre de los funcionarios y el cuerpo de seguridad. Eso es fundamental para las denuncias y para que el caso trascienda internacionalmente”.
Incluso al estar detenido, hay una serie de derechos que se desconocen y por eso no se exigen y son violados constantemente.
Violación continuada de los derechos
Son muchos los derechos humanos que se violan constantemente en el país. Actualmente el de la movilización es uno que se enfrenta día a día con la escasez de combustible y con las alcabalas improvisadas que se instalan en diferentes calles, avenidas y autopistas de Carabobo durante las semanas de cuarentena radical.
“Yo me tardé más de 40 minutos haciendo un recorrido de menos de cinco kilómetros por este motivo y eso no se puede permitir. No es legal, ni normal y no debemos acostumbrarnos”.
Betancourt alertó que de los más de 30 derechos humanos universales que existen todos son violentados en el país. “El derecho a la vida, a la libertad personal, a la salud, al trabajo, a la propiedad privada, a la libertad expresión… Y es que no se respetan por falta de conocimiento de las personas en derechos humanos y esa debe ser una cátedra obligatoria en las universidades, desde la escuela, el maternal, porque si tuviésemos educación pudiéramos defenderlos como debe ser, sin violencia, sin armas, utilizando las herramientas de la propia Constitución”.
Aseguró que la mayoría piensa que los DDHH es un tema de los abogados y no es cierto, les deben importar a todos los Venezolanos quienes tienen que defender su posición de víctima sin miedo a denunciar porque, aunque se crea que no servirá de nada, son expedientes, antecedentes que quedarán ahí y que servirán en la lucha por la recuperación del estado de derecho.
Represión continuada
En Venezuela, la evolución de la represión en medio de protestas pacíficas sigue. A esto se suma la persecución hacia diferentes sectores como ocurrió a principios del año con los integrantes de Azul Positivo y el ataque en contra de VPITV.
“Nada de esto ha terminado. La represión sigue, con mecanismos que van cambiando en el tiempo, pero es una política que ha sido instaurada con torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias”.
Betancourt relató que en Venezuela hay etapas de la represión. “Estamos en una de apaciguamiento, en la que parece que no pasa nada, pero acaba de pasar lo que no fue distinto a lo que pasó años atrás cuando cerraron El Carabobeño, con la diferencia de que esta vez la gente no salió en defensa del medio de comunicación por temor a ser detenido y reprimido, por no conocer sus derechos”.
Presos políticos
Los números siguen siendo alarmantes. Desde 2014 se registran 15 mil 674 detenciones arbitrarias en el país, de los que mil 250 corresponden a Carabobo. De esa cifra, 99 % son civiles, 14 % mujeres y 5 % adolescentes.
El 2017 ha sido el año de mayor detenciones de este tipo con 15 mil 551 y actualmente hay tras las rejas 349 presos políticos en el país, siendo 29 de Carabobo. “Pero no hay que detenerse en ese número actual, sino en el grueso, porque se ha dado un efecto que hemos denominado de puerta giratoria en el que salen unos y entran otros”.
El caso de los policías metropolitanos representa para el coordinador regional de Foro Penal emblemático en cuanto a violación de los derechos humanos de privados de libertad. Todos deberían estar en sus casas con el beneficio de medidas de reducción de la pena. “Pero en el país los jueces son solo brazos ejecutores del gobierno y no tienen ni voz ni voto”.
Justicia en cuarentena
Las condiciones del Palacio de Justica de Carabobo son deprimentes. No hay ningún tipo de mecanismo de bioseguridad que garantice la salud de sus trabajadores y todos los que deben acudir a sus instalaciones.
La recomendación de Betancourt es que se migre a la virtualidad con el pleno cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, como se ha implementado en otros países durante la cuarentena para no paralizar la justicia y prevenir la COVID-19.
