Autoridades localizaron cuatro cuerpos en el sur de Colombia, tres de los cuales corresponderían a los del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito asesinado en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC en la frontera, según el gobierno.

El ministerio de Defensa anunció por Twitter el hallazgo que podría terminar con casi tres meses de incertidumbre. “Policía me informa que ya son cuatro los cadáveres recuperados en el sur del país y está en verificación de su identidad. Proceso forense terminará mañana (viernes) en Cali”, dijo el ministro Luis Carlos Villegas citado por el organismo.

Los dos periodistas y el chofer ecuatorianos cayeron en poder del grupo que dirige el exguerrillero Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, cuando realizaban un reportaje en la frontera el 26 de marzo.

Los tres fueron asesinados en cautiverio, según anunció el gobierno ecuatoriano el 13 de abril, tras la divulgación de las fotografías de los rehenes encadenados y ejecutados a balazos.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que los cuerpos ubicados por la policía podrían ser los del periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60). “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad”, afirmó Santos en su cuenta de Twitter.

“Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, añadió.

Los trabajadores del diario El Comercio fueron llevados al lado colombiano de la frontera donde fueron asesinados. Los disidentes pretendían la excarcelación de unos presos en Ecuador a cambio de la liberación de los tres rehenes.

El caso conmocionó y movilizó a los ecuatorianos, que nunca antes habían enfrentado un crimen de estas características.

– Familiares contactados –

Este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en su momento debió interrumpir sus gestiones para recuperar los cuerpos por la negativa de los captores a entregarlos ante la presión militar, ya entró en contacto con los familiares de las víctimas.

“Hemos informado a los familiares de los tres ciudadanos ecuatorianos y estaremos acompañándolos durante este proceso. Lamentamos profundamente su pérdida y expresamos nuestras condolencias”, indicó el organismo humanitario en Twitter.

El gobierno ecuatoriano emitió en Quito un corto comunicado en el que da cuenta de las “pericias” que están realizando las autoridades colombianas para corroborar los hechos.

Los allegados de Ortega, Rivas y Segarra, así como organizaciones de prensa han cuestionado la actuación de los gobiernos de Colombia y Ecuador, a raíz de la información contradictoria que ofrecieron durante la crisis.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó un grupo de investigación para determinar lo sucedido.

Durante un viaje que realizaron a Bogotá el 15 de mayo, los familiares se entrevistaron con Santos y le pidieron ayuda para recuperar los cuerpos y darles una sepultura digna, en medio de la intensa cacería que lanzaron ambos gobiernos contra Guacho.

Arizala, un exmando medio de la ya disuelta guerrilla FARC, se apartó del acuerdo de paz que condujo al desarme de unos 7 mil combatientes de ese grupo en 2017.

De origen ecuatoriano, Guacho es acusado por el ejército colombiano de operar como brazo armado del cartel mexicano de Sinaloa, y de tener también secuestrados a los ecuatorianos Óscar Villacis, de 24 años, y su compañera Katty Velasco (20).

Arizala se disputa con otras bandas el control del narcotráfico en Tumaco, una empobrecida localidad del departamento de Nariño, fronteriza con Ecuador, donde se concentra la mayor cantidad de narcocultivos en Colombia.

A principios de año Guacho y sus hombres desataron una inusual ofensiva en territorio ecuatoriano que ya deja siete muertos, cuatro militares y los tres trabajadores del diario El Comercio de Quito.

Sin un mando unificado, los disidentes están inmersos en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, a través de la ruta del Pacífico, así como en la explotación ilegal de madera y oro, entre otros.

Las autoridades calculan que esos grupos cuentan con unos mil 200 miembros.




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