People wave Romanian national flags during a demonstration to protest against the government on August 11, 2018, in front of the government's headquarters in Bucharest.Romania' s capital Bucharest was bracing for another big demonstration on Saturday, only a day after more than 450 people were hurt and around 30 arrested in a huge anti-corruption protest. Hundreds of people -- some carrying Romanian flags -- started gathering around a central square in Bucharest for a second day of protest, with the crowd expected to grow as the evening progresses. / AFP PHOTO / Daniel MIHAILESCU

Decenas de miles de rumanos salieron de nuevo a la calle el sábado en Bucarest para pedir la dimisión del gobierno socialdemócrata y expresar su enfado por los «excesos» de las fuerzas de seguridad en la manifestación del día anterior.

«¡Abajo el gobierno!» y «justicia, ¡no a la corrupción!», gritaron los manifestantes, unos 30.000 según los medios locales, bajo la mirada de los miembros de las fuerzas de seguridad, muchos menos que en las protestas del viernes

Eugen, de 62 años, y Madalina, de 22, salieron a la calle por segundo día consecutivo. Al igual que otros miles de expatriados, volvieron expresamente a su país para participar en la gran «concentración de la diáspora», el viernes.

Pero, después de ser recibidos con gases lacrimógenos, se sienten decepcionados de ver que «las cosas no avanzan» en Rumanía.

Eugen, que trabaja en la construcción en Canadá, denunció la «corrupción omnipresente». Madalina, trabajadora en una fábrica textil en Reino Unido, lamentó, por su parte, el «desinterés» de las autoridades por los jóvenes.

Una jubilada de Bucarest, Floarea Toader, de 64 años, aseguró a la AFP que decidió unirse a los manifestantes «después de haber visto el viernes en la televisión la brutalidad de los policías que intervinieron contra gente pacífica».

Unos cuatro millones de rumanos (de una población total de 20 millones) emigraron en los últimos 15 años, en busca de una vida mejor.

Miles de personas protestaron igualmente en otras grandes ciudades, como Sibiu (centro) y Timisoara (oeste), según los medios.

El viernes, unas 80.000 personas pidieron la dimisión del gobierno socialdemócrata de la primera ministra Viorica Dancila, acusándola de «corrupción» y de querer «controlar la justicia».

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y varias decenas de «ultras» dejaron más de 450 heridos, entre ellos una treintena de agentes de policía.

– ‘Proteger la libertad de prensa’ –

En dos tuits, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, «condenó la violencia» que empañó la manifestación, y lamentó que periodistas, entre ellos un empleado de la televisión pública austriaca ORF, figure entre los heridos.

«La libertad de expresión y la libertad de prensa son libertades fundamentales de la Unión Europea (…) que tienen que ser protegidas de manera incondicional», subrayó Kurz, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE.

El presidente rumano, de centro derecha, Klaus Iohannis, en abierto conflicto con la mayoría de izquierda, criticó «la intervención brutal y desproporcionada» de las fuerzas de seguridad y pidió a la fiscalía general que abra una investigación.

El mandatario acusó a las autoridades del partido socialdemócrata en el poder de «conducir al país hacia el caos y el desorden».

En el punto de mira, la ministra de Interior, Carmen Dan, aseguró que los agentes actuaron respetando la ley para «defender las instituciones del Estado».

Pese a sus explicaciones, seguían existiendo dudas acerca de la intervención de las fuerzas de seguridad, que recurrieron al gases pimienta y lacrimógenos antes incluso de que los «ultras» protagonizaran los primeros incidentes.

Rumanía es escenario de manifestaciones regulares desde hace año y medio. En febrero de 2017, medio millón de personas salieron a la calle, pero hasta la fecha no se había registrado ningún incidente violento.

Tras su vuelta al gobierno a finales de 2016, el Partido socialdemócrata impulsó una reforma judicial que, según la oposición, pone en riesgo la independencia de la justicia y permitirá a los dirigentes políticos evadirla.

La reforma suscitó críticas por parte de la Comisión Europea y provocó una ola de manifestaciones sin precedentes desde la caída del régimen de Ceaucescu en 1989.




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