La fiscal Luisa Ortega Díaz consideró este martes que los recientes hechos de fuerza cometidos en el país por el Gobierno de Nicolás Maduro dejan en evidencia que estamos ante un nuevo Gobierno de facto, «un golpe contra la Constitución (…) las leyes y nuestra forma de Estado».
En un comunicado, la jurista reiteró que la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida el 30 de julio y que seis días después la destituyó de su cargo de fiscal, es un cuerpo ilegítimo porque su elección no incluyó un referendo previo como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual Carta Magna.
«La cantidad de países e instituciones que desconocen a estas autoridades inconstitucionales y fraudulentas se hace cada vez más grande, es proporcional al aislamiento y la pérdida de legitimidad de quienes pretenden hacer del país un cuartel», reza el texto difundido a través de su cuenta en Twitter.
Ortega Díaz cifra en 128 el total de «asesinados» durante la oleada de manifestaciones, época en la que, aseguró, ha habido «organismos involucrados en violaciones sistemáticas de derechos humanos».
Reiteró que al menos el 25 % de esos casos son «responsabilidad de la acción directa de las fuerzas de seguridad» y que en al menos el 60 % de ellos «los organismos responsables no ejecutan las órdenes de aprehensión o simplemente proceden con la entrega de los funcionarios involucrados».
También dijo uno 40 % de los asesinados en protesta son responsabilidad de cuerpos civiles armados «¿Dónde está la responsabilidad del Estado allí? ¿Dónde están los organismos de Inteligencia? ¿Qué pasa con el control y la regulación de armas y las municiones en el país?», se preguntó.
La extitular de la acción penal en Venezuela agregó que los cortes de vías, generalmente convocados por la oposición, han degenerado en accidentes y arrollamientos que ocupan el 15 % del total de víctimas mortales de las protestas desde que iniciaron el 1 de abril.
Ortega advirtió que el Gobierno y la ANC, integrada únicamente por oficialistas, pretenden continuar el desfalco y dejar impunes casos como la implicación de Venezuela en el escándalo de corrupción de Odebrecht, a quien el Estado le pagó 30.000 millones de dólares, según dijo.
