La líder opositora María Corina Machado instó este martes a los funcionarios judiciales a desacatar "órdenes que violan la Constitución", al tiempo que pidió a jueces, fiscales y otros trabajadores defender a los ciudadanos y ser "el rostro del coraje y la dignidad".
A través de un audio compartido en X, Machado manifestó que "la mayor aberración de la tiranía", como llama al Gobierno de Nicolás Maduro, es obligar a los funcionarios judiciales a "violar la ley", mientras -subrayó- su "deber es administrarla".
Asimismo, prometió a estos funcionarios "un sistema de justicia independiente" y "profesional", y afirmó que "nunca más" un cargo judicial "dependerá de un contacto o un favor", bajo un eventual Gobierno del que ella forme parte.
"Nunca más recibirás una llamada con una orden para ejecutar una arbitrariedad en contra de tu conciencia (...). Algunos de tus compañeros han resultado despedidos por no cumplir las órdenes criminales del régimen. Nos encargaremos de que se les reintegren sus cargos y se les distinga por su valentía", señaló la opositora en su mensaje, dirigido a los funcionarios judiciales.
Aseguró que los ellos fueron parte de la "gesta ciudadana del 28 de julio", cuando se celebraron las elecciones presidenciales, en las que la mayor coalición opositora asegura ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia, contrario al resultado oficial, que dio la reelección de Maduro.
"Constitución vulnerada"
Machado hizo este llamado luego de que, en los últimos cuatro días, el Tribunal Supremo de Justicia rechazara dos recursos introducidos, de manera individual, por los excandidatos opositores Enrique Márquez y Antonio Ecarri contra la convalidación que dio la Corte a la reelección de Maduro.
"Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos, en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo venezolano, son nulas. Sabes que esta tiranía decidió convertir el sistema judicial en un brazo represor, que le viola todos los derechos humanos a tus hermanos, que tiene miles de presos políticos", prosiguió Machado.
Tras las elecciones, más de 2 mil 400 personas fueron detenidas durante el contexto de manifestaciones contra el resultado oficial de las presidenciales, luego de que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciara como "fraudulento" el triunfo de Maduro.
La PUD dice sostener esta afirmación con base en el 83,5% de las actas que asegura haber reunido a través de testigos y miembros de mesa -posteriormente publicadas en una página web- y que, insiste, demuestran la victoria de González Urrutia por un amplio margen, mientras que el Gobierno tacha de "falsos" estos documentos.
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Informe "crucial para el aislamiento" de Maduro
Machado también dijo que el informe de la Misión Independiente de la ONU, que recoge denuncias de supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con los comicios del 28 de julio, es "crucial para el aislamiento" del "régimen", como llama al Gobierno de Nicolás Maduro.
"Este informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen, y las pruebas para que se concrete la justicia internacional", manifestó Machado a través de X.
Asimismo, dijo que el informe de la Misión es "un paso muy importante hacia la justicia y la reparación para las víctimas de torturas, persecución y violaciones sistemáticas de derechos humanos, así como también para sus familiares".
En el documento, que tiene 158 páginas y abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 en Venezuela, la Misión acusa, además, a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechazó "enérgicamente" el informe, que calificó de "panfleto", publicado "por la vergonzosa misión", al considerar que es "un documento novelesco" y "un guion fantasioso", sin responder a los señalamientos que contiene el informe.