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El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para preservar el orden interno, según publicó este lunes la Gaceta Oficial.

El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios.

La norma señala además que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

El Gobierno venezolano podrá diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.

El presidente se facultó también para decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de excepción y emergencia económica.

A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana”.

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.

Lea la Gaceta Oficial completa aquí:




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