Oficial de la Policía de Carabobo leyó la lista de los presos que fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito. (Foto Angel Chacón)

En el caso ocurrido en los calabozos de la Policía de Carabobo hay un triángulo de responsabilidades encabezado por el Presidente, Nicolás Maduro, seguido por Iris Varela y en tercer lugar el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, dijo el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus.

“De Lacava es quien depende Policarabobo, y tiene que elegir entre ponerse del lado de los derechos humanos o del lado de Maduro para solventar esta situación”, dijo en programa transmitido por Unión Radio.

Matheus resaltó que no solo basta con tomar como chivo expiatorio a unos cuantos funcionarios, “eso no va a suplir el dolor causado”.

El diputado informó que este martes en la Asamblea Nacional se creará una comisión que aclare los hechos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, donde perdieron la vida 68 personas.

El parlamentario dijo que se realizará una moción de censura para que pueda ser destituida del cargo de ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Resaltó que lo ocurrido en lo calabozos será prioridad para la AN por lo que también se planteará solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe una comisión para que evalúe la situación carcelaria del país.

Discutirán también realizar una reforma integral del sistema penitenciario.

A su juicio las causas de esta tragedia tiene que ver con el hacinamiento y con la opacidad judicial del país, “esta sala de retención solo tiene capacidad para 60 personas y había un hacinamiento de 200 personas aproximadamente”.

Manifestó que los calabozos no solo de Carabobo sino del país se han convertido en “mini recintos penitenciarios” en los que se trata de suplir a cárceles adecuadas donde pueda vivir la población carcelaria.

“Lo ocurrido es muestra de un colapso del sistema de justicia. Venezuela tiene el peor sistema carcelario. Desde 1999 han ocurrido 15 incidentes en cárceles venezolanas dejando un resultado de 388 fallecidos. Esto se trata de una materia sensible sobre la cual el Estado ha sido advertido desde el año 2008 por la CIDH”, manifestó.

 




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