Una treintena de magistrados designados por la Asamblea Nacional, cumplen un mes en el exilio por el Gobierno de Nicolás Maduro, informó el diputado opositor Carlos Berrizbeitia.
El legislador explicó que casi el total de 33 jueces nombrados el pasado 21 de julio están refugiados en embajadas y en el extranjero, mientras que el magistrado Ángel Zerpa es el único que está preso, en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Un día después de su designación, Zerpa fue apresado por las autoridades después de que el Tribunal Supremo de Justicia pidiera que se aplicaran acciones de coerción contra la Cámara y los juristas por cometer delitos de usurpación de funciones al designar nuevos magistrados de la máxima corte.
Zerpa lleva un mes en huelga de hambre y su familia ha denunciado que no haya sido llevado a ningún centro médico pese al deterioro de su salud.
Berrizbeitia detalló que dos de los jueces nombrados por el Legislativo renunciaron a sus cargos por lo que no están siendo perseguidos, y los demás están protegidos por las embajadas de Chile y Panamá, aunque no sabemos si todos han logrado salir del país, dijo.
Según sus datos, una docena está en Estados Unidos y un grupo menor en Colombia.
La ONG de derechos humanos Fundeci difundió un boletín en el que da cuenta pormenorizada de 26 magistrados perseguidos desde hace 30 días.
Este balance indica que cinco están en la embajada de Chile en Caracas, tres en la de Panamá y uno en la de México, quienes no están en las mismas condiciones físicas del Magistrado Ángel Zerpa, pero sí tienen algo igual a su colega Zerpa, no tienen libertad.
En esta lista también figuran los nombres de ocho jueces que ya están en Colombia y otros nueve que lograron llegar a Estados Unidos, pese a la orden del presidente Nicolás Maduro de que debían ser capturados.
La Cámara designó a 33 magistrados legítimos para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, que aceleró este procedimiento y lo concretó días antes de entregar el mando del Parlamento a la oposición.
Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, afirmó entonces que la designación de los magistrados por el Parlamento en 2015 fue un proceso ejecutado a «trocha y mocha», de forma irregular, algo que también denunció la fiscal general Luisa Ortega.
Según el diputado, en ese momento se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley, y una vez en sus cargos estos jueces emitieron pronunciamientos nefastos que, en su opinión, desconocen la voluntad popular, como la sentencia en la que el Supremo declaró en desacato al Parlamento y anuló la validez de sus decisiones.
Entre otras sentencias, el diputado se refería a la dictada por la alta corte en marzo para asumir, tras la declaración de desacato, las funciones del Parlamento, una decisión que luego fue revocada parcialmente.
