Foto cortesía: EFE
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Desde su currículo hasta el nombramiento. Los siete magistrados que hoy se encuentran en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no deberían ocupar ese cargo, debido a que la mayoría no cumple con el total de requisitos que exigen las leyes venezolanas y porque su proceso de designación estuvo viciado.

Sin embargo, desde esta Sala emanan todas las sentencias que hasta la fecha han bloqueado al Poder Legislativo venezolano. Esta última semana de marzo, y principio de abril, cuatro decisiones han vulnerado más los valores democráticos: las dos primeras, las sentencias 155 y 156, limitaron la inmunidad parlamentaria, otorgaron poderes al Presidente para legislar en materia penal y lo autorizaron para crear empresas mixtas en el área de hidrocarburos, y la Sala Constitucional asumió las competencias de la Asamblea Nacional.

Organizaciones políticas, constitucionalistas, ONG, gremios, se manifestaron y al menos 20 países mostraron su preocupación por lo que se considera un golpe al parlamento. Además la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que ambas sentencias rompían la constitucionalidad del país. También reaccionaron la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y Mercosur convocó una reunión de emergencia.

Un día después, el viernes 31 de marzo, el presidente Nicolás Maduro decidió “dirimir el impasse” entre el Poder Judicial y el Ministerio Público y convocar a un Consejo de Defensa de la Nación. Todo esto terminó con las modificaciones contenidas en las sentencias 157 y 158

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