El presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el magistrado Maikel Moreno, aseguró hoy que el Parlamento, controlado por opositores al Gobierno, no tiene «legitimidad» para iniciar, como pretenden, un proceso para destituir a los magistrados que dirigen el Poder Judicial.
El jefe de la máxima corte venezolana aseguró que en los actuales momentos la Asamblea Nacional (AN, parlamento) «carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados», informó en un mensaje de la red social Twitter el Tribunal Supremo sin dar más detalles.
La precisión de Moreno se refiere al proceso que intentarán iniciar los opositores para remover de sus cargos a los magistrados que dirigen la Sala Constitucional de la Justicia venezolana.
La iniciativa legislativa busca emprender acciones contra los jueces que dictaron un fallo con el que limitaban la inmunidad parlamentaria y daban al Supremo las facultades del Poder Legislativo mientras este permaneciera en desacato.
El Parlamento venezolano ha estado en desacato y por tanto sus actos declarados nulos casi todo el último año por desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que ordenaba la suspensión de tres parlamentarios opositores, recién electos, por supuesto fraude en el proceso electoral.
Según la Constitución venezolana, «los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano».
Un grupo de diputados opositores pidió este lunes al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que actualmente ocupa la presidencia del Poder Ciudadano, que fije una posición ante la «violación del orden constitucional» que, a su juicio, significó la decisión del Supremo que dejó sin competencias al Parlamento.
Aunque la decisión fue revocada poco después por el propio Tribunal Supremo luego de un exhortó de los poderes públicos, la oposición ha insistido en que lo ocurrido debe ser sancionado por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo).
El defensor negó implícitamente que se haya producido una ruptura del orden constitucional tras la decisión del Supremo de arrogarse la facultades del Legislativo.
La fiscal general, Luisa Ortega, sin embargo, alertó al poco de conocerse la decisión del alto tribunal que la sentencia representaba una «ruptura del orden constitucional».
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