Laura Clisánchez/Correo del Caroní
En los últimos dos años la tendencia ascendente de contagios por malaria en Venezuela ha desacelerado, según datos extraoficiales de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
En cifras: 404.027 casos se reportaron en todo el territorio nacional en 2018, 197.466 para 2020 y 150.000 para 2021.
Pero tal disminución no se debe a un mayor control de la epidemia en todo el país. La transmisión sigue activa y descontrolada, advierten los especialistas. Y el estado Bolívar concentra la mayoría de los casos (59%), siendo las parroquias Dalla Costa (en la urbe) y San Isidro del municipio Sifontes, y Pozo Verde del municipio Caroní, los focos más calientes de la epidemia
Especialistas que se han dedicado —desde distintas áreas y organizaciones no gubernamentales— al control de la epidemia en el estado, coinciden en que el descenso percibido se debe al efecto de la pandemia por COVID-19 en la logística sanitaria, la repartición —limitada — de mosquiteros e instalación de mayor cantidad de centros de diagnóstico y tratamiento, especialmente en los municipios mineros de Bolívar.
Señalan que los esfuerzos para controlar la enfermedad seguirán siendo insuficientes en tanto el Estado no invierta recursos en la lucha antimalárica sino que, por el contrario, se mantenga dependiente de la ayuda humanitaria de instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también atribuye la disminución de los casos a las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19 y escasez de combustible, que complicaron el traslado desde y hacia las minas del sur de la región Guayana.
Malaria en 18 de 23 estados del país
La estrategia de las ONG es controlar la transmisión en las zonas endémicas del sur de Bolívar primero por la cantidad de casos que se registran. Pero la migración interna desde y hacia los yacimientos auríferos, provocó que la malaria se esparciera tanto que actualmente hay nuevos focos de infección en 18 de los 23 estados del país.
El doctor Oletta explicó que se considera descontrolada una epidemia de malaria cuando el Índice Parasitario Anual (IPA), supera las 10 personas infectadas por cada mil habitantes en una zona de alta transmisión.
Venezuela no baja de 10,16 IPA desde 2010. En 2021, año cuando se reportó menor cantidad de casos, el índice se ubicó en 13,39 personas infectadas, por cada mil habitantes en zonas de alta infección.
“Todavía estamos en 13.3. Desde el 2012 hasta este momento la malaria ha estado fuera de control con un máximo pico en 2017. Es cierto, hay una disminución de casos, pero no tenemos el control de la epidemia”, sentenció el experto.
97,1% de los casos de malaria en Venezuela se concentran en Bolívar (mayoritariamente), Sucre, Amazonas, Zulia, Delta Amacuro y Anzoátegui. El abordaje nacional de la malaria es incipiente.
“En el país no se está haciendo mucho para controlar el brote de malaria porque el proyecto (de las ONG) se concentra en los estados Bolívar y Amazonas, con la premisa de que si se disminuye la morbilidad en estos estados va a disminuir en el resto del país”, explicó por otro lado, el entomólogo Jorge Moreno.
“Se supone que dentro de tres años más o menos se abordará la lucha en el resto del país, en los nuevos focos, sobre todo en la parte centro norte costera”, agregó.
Moreno estima que, a este ritmo, la enfermedad que Gabaldón había hecho desaparecer del territorio nacional en los años 60, tardará al menos ocho años en ser eliminada del país.
Uno tiene que trabajar con una visión completa, no es solo trabajar con focos calientes – que sí son prioritarios -, porque si no se controla en el resto del país se encienden nuevos focos, se apaga en un sitio y se prende en otro, destacó José Félix Oletta.
14 millones de personas en riesgo
50% de la población en Venezuela está expuesta a enfermar de paludismo, es decir, cerca de 14 millones de personas, señaló el epidemiólogo.
Y la población más vulnerable no está siendo protegida: durante 2021, el 10% de la población que enfermó de malaria (14.408) son niños y niñas menores de 10 años.
La cifra es alarmante considerando que los niños y las mujeres embarazadas son propensos a desarrollar síntomas graves de la enfermedad.
De las minas a las urbes: nuevos focos locales sin control
La malaria dejó de ser un problema únicamente de territorios mineros, aunque ahí se sigue concentrando la mayor cantidad de casos. En las ciudades hay transmisión activa de la infección, y los focos ya son autóctonos.
En Bolívar hubo 98.433 casos de malaria durante 2021, una cifra —aunque alta — 61% inferior a los 251.433 casos que se reportaron en 2017, cuando la epidemia alcanzó un máximo pico en la entidad.
La tendencia de la epidemia es a la baja en municipios mineros como Sifontes y El Callao. Pero con tendencia hacia la estabilización —y no a la baja —, en municipios urbanos o no mineros como Caroní (14.282), Angostura (11.991), Sucre (11.231), Cedeño (10.495) y Piar (5.449).
Esto no es un problema de Bolívar nada más. ¿Qué pasa en Bolívar? Antes había malaria sólo en las zonas selváticas, pero no había malaria urbana y periurbana. Hay municipios, ciudades importantes – como Ciudad Guayana – con tres o cuatro parroquias críticas, señaló Oletta.
El aumento histórico de casos ocurrido entre 2017 y 2019 en Bolívar hizo colapsar la capacidad de respuesta de la red de ambulatorios en municipios urbanos como Caroní. No había suficiente tratamiento, ni mosquiteros, ni cuadrillas de fumigación.
Había apenas dos centros asistenciales de los que dependían los 17 sectores de Pozo Verde, foco de malaria más grande de Caroní, y la tercera parroquia con mayor cantidad de casos nuevos reportados en Bolívar aún en la actualidad.
En los módulos no cabía más gente, los pacientes aguardaban afuera, algunos sentados, otros acostados en el suelo. Otros se iban como podían hasta los módulos de Ciudad Guayana a más de 40 minutos de distancia, pero esos también estaban colapsados.
El paludismo llegó a azotar tanto a la comunidad de Pozo Verde que sus habitantes salieron a protestar para exigir al Estado una jornada de fumigación, y de entrega de tratamiento. “Plaga paludismo”, llegaron a escribir en mayúsculas y con pintura en el pavimento de la vía principal, durante una protesta en 2018.
El año pasado (2021) en Pozo Verde se concentró el 56% de las nuevas infecciones diagnosticadas en Caroní. El municipio tenía 14.282 casos de malaria según datos oficiales, pero no publicados por Salud Ambiental.
Aunque los números actuales parecen elevados – y lo son -, las cifras son inferiores a las reportadas en 2019, cuando todo el municipio llegó a registrar 28.093 casos de malaria. Eso quiere decir que, en dos años, los casos disminuyeron 49%.
¿Qué cambió la tendencia de los casos? Salud Ambiental junto a la Organización Panamericana de Salud (OPS) hicieron algunas jornadas de fumigación en los sectores más críticos, se entregaron mosquiteros con insecticida a poblaciones vulnerables y con el tiempo, mejoró la distribución de tratamiento: instalaron 14 centros de atención, diagnóstico y tratamiento en la parroquia.
Para 2021 unas ocho mil personas en Pozo Verde tenían paludismo. Todavía en el pueblo, apuestan a quién le ha dado la enfermedad más veces. Los síntomas de la enfermedad que puede ser mortal, forman parte de su cotidianidad.
“El paludismo llegó, de las minas lo trajeron y no se quiso ir”, dice Sorelis Díaz, Médico Integral Comunitaria del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) 19 de abril, un sector de Pozo Verde.
“Los casos han disminuido porque se potenció la accesibilidad a los servicios y tenemos cómo hacer seguimiento a la gente para evitar recaídas”, opina Juana Farias, directora de la red ambulatoria del municipio Caroní y ex coordinadora del departamento de malaria de la parroquia Pozo Verde.
Pero, aunque el tratamiento abunda en la actualidad, los mosquiteros con insecticida de larga duración escasean, y las cuadrillas de fumigación no llegan a estos sectores rurales desde hace tres años. La última vez que surtieron mosquiteros fue durante las inundaciones de septiembre de 2021 y, solo se les entregó a embarazadas y niños menores de cinco años, población propensa a desarrollar síntomas graves de malaria.
Hacemos lo que podemos, hemos repartido mosquiteros. No a toda la población porque no hay suficientes, pero sí en comunidades donde predomina más el paludismo, como Mina Abajo, Mina Arriba, Sierra Caroní y Pozo Verde, señala Farias.
Aunque los casos han disminuido, la transmisión se mantiene activa y requiere mayor inversión en estrategias de control vectorial.
Mira, no tengo datos a mano, pero sé que tenemos bastantes casos en la comunidad. Yo diría que 90% de la gente que vive en Sierra Caroní tiene malaria, calcula Estella Roques, enfermera voluntaria del ambulatorio principal de Sierra Caroní, uno de los sectores más grandes de Pozo Verde.
La OPS eliminó las fumigaciones de sus programas de atención de malaria porque, aunque eficiente, su implementación es costosa. Es por eso que la ayuda humanitaria se centra en la entrega de mosquiteros con insecticida que además tienen un efecto repelente y dura hasta 10 años.
El Estado no invierte en cuadrillas de fumigación.
Entrega de medicamentos vencidos genera desconfianza hacia el tratamiento
Después de años de escasez crítica de antimaláricos, al país llegaron medicamentos suministrados por la OPS y otras organizaciones donantes. Pero algunos están vencidos desde 2018 o incluso antes.
Extraoficialmente trascendió que la organización estima reemplazar los fármacos por vigentes a partir del segundo semestre del año.
Aunque especialistas sostienen que, mientras esté bien almacenado el tratamiento no pierde efectividad a menos que haya expirado hace 10 años, los pacientes – y algunos médicos integrales comunitarios (MIC) – atribuyen las reinfecciones por paludismo al hecho de que los fármacos caducaron y no a factores como, por ejemplo, la fármacoresistencia que requiere otro tipo de estrategia terapéutica.
En consecuencia, los pacientes prefieren aliviar los síntomas de la enfermedad con medicina alternativa que al final agrava la infección, porque no elimina el parásito plasmodium del organismo: té de hierbas como ‘cadillo de perro’, agua con creolina, ajo con limón, jugo de sábila con papelón y ruibarbo y demás brebajes que les recete el médico naturista de confianza.
“Yo digo que como está vencido el tratamiento no hace efecto… Yo puedo cumplir el tratamiento 20 días, pero vuelvo a tener los síntomas, me hago la prueba ¡y sale positiva! Hay gente aquí que siente que el paludismo es parte de su organismo, como si lo tuvieran en la sangre”, dice Nexuali Vallenilla, habitante de Sierra Caroní, uno de los sectores con más casos de malaria en Pozo Verde.
La mujer de 43 años relata que le ha dado paludismo al menos siete veces. Ya no toma tratamiento porque siente que no va a curarla. Aunque la malaria es una enfermedad aguda, se puede volver crónica si no se cumple el esquema de tratamiento correcto bajo vigilancia médica.
Casos como el de Nexuali no trascienden a la estadística nacional, porque Minsalud no incluye en sus datos las reinfecciones.
Venezuela lidera las cifras de malaria en las Américas
Según el Informe Mundial de Malaria (2021) de la Organización Mundial de la Saluda (OMS) para 2020, Venezuela, Brasil y Colombia concentraron más del 77% de los casos en la región.
Venezuela sigue registrando la mayor cantidad de infecciones en las Américas: 232.000 casos (35,5%) de 653.000.
El Fondo Mundial, OMS y demás organizaciones han invertido más de 40 millones de dólares en el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, Tuberculosis y Malaria, pero la ayuda humanitaria nunca será suficiente: el Estado debe tener voluntad para invertir en políticas de salud pública, orientadas a eliminar la malaria en el país.
Según el reporte de la OPS, el Estado venezolano invierte apenas 0,2 dólares por paciente. Es uno de los países que menos invierte en programas de control para malaria, solamente superado por Guyana francesa.
“La malaria es un reto nacional, mientras el Gobierno no entienda que esto es una responsabilidad del Estado, mientras dependa de aportes internacionales, no podremos eliminar la malaria del país”, sentenció Oletta.
50 años de retroceso
En los años 60, el entonces ministro de Salud Dr. Arnoldo Gabaldón y sus cuadrillas móviles de rociamiento y campañas de distribución de medicamentos logró eliminar cerca del 70% de los casos de malaria en el país – primero que la Unión Soviética y Estados Unidos – después de haber llegado a la cifra de 10 mil muertes por malaria.
En el año 2000 el Estado eliminó el Programa de Control de Enfermedades Endémicas y dejó de invertir significativamente en el plan de control de malaria. La vigilancia epidemiológica decayó.
Eso, unido al auge de la minería desordenada al sur de Bolívar y la crisis económica, demolieron más de 50 años de avance en la eliminación de la enfermedad.
En 2017, Salud Ambiental reportó un máximo de 400.000 casos nuevos confirmados – según datos oficiales-. Venezuela concentró 53% de los casos de malaria en toda América Latina y se calcula que murieron unas 340 personas. Datos de oenegés sugieren que la cifra fue tres o cuatro veces mayor.
Con la intervención de organismos multilaterales como Organización Panamericana de la Salud (OPS), Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en los focos más calientes del sur de Bolívar (Sifontes y El Callao), los casos comenzaron a descender en esas zonas críticas a partir de 2020.
Pero el daño estaba hecho: la malaria migró a los municipios no mineros de Bolívar, hacia otros estados del país y, además, engrosó las cifras de paludismo en las Américas.
Diseño de nuevas estrategias de control epidemiológico
Para eliminar – o al menos controlar – la malaria en Venezuela, se requiere una inversión extraordinaria y continua del Estado no menor a 20 millones de dólares anuales y mayor inversión internacional.
Los especialistas insisten en que las medidas convencionales de control vectorial no son suficientes para controlar la epidemia en el país. Se requieren intervenciones combinadas y multisectoriales.
María Eugenia Grillet, epidemióloga y ecóloga, con más de 25 años de experiencia investigando cómo prevenir la malaria, sostiene que hay cuatro aspectos que no deben abandonarse en la lucha antimalárica:
- Tener una estrategia de control de la enfermedad sostenida en el tiempo
- Involucrar a los sectores y comunidades afectadas por la enfermedad y educar en materia de prevención y uso de tratamiento
- Utilizar herramientas que han funcionado en otros países: detección oportuna de casos, acceso a tratamiento, control del vector a través del uso de mosquiteros con insecticida, insecticidas de acción residual en interiores, y larvicidas en criaderos de mosquitos.
- Inversión en investigación científica para diseñar estrategias más eficaces. La falta de inversión en investigación y fuga de especialistas limita los avances en el control de la epidemia.
La ciencia permite descubrir estrategias novedosas de control de esta infección. Eliminar la malaria en la región amazónica implica buscar estrategias alternativas a las ya tradicionales para el control de esta parasitosis, concluyó la también primera científica latinoamericana en ganar el premio Janet Hemingway de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene y la Liverpool School of Tropical Medicine.
Fuente: Correo del Caroní
