Más de 30.000 personas han salido hoy a las calles de varias ciudades de Rumanía para protestar contra un polémico proyecto para modificar la ley del sistema judicial, por considerar que reduciría la independencia de la justicia.
La mayor manifestación, con más de veinte mil personas, ha tenido lugar en Bucarest, informó la agencia rumana Agerpres.
«No queremos ser una nación de ladrones», «Justicia, no corrupción» y «Abajo el Gobierno», son algunos de los eslóganes que gritan los ciudadanos congregados ante la sede del Ejecutivo.
Protestas similares se registran en la ciudad de Cluj, en el noroeste del país, donde se han contabilizado unas cinco mil personas, y en Timisoara (este, con 4.000 personas), así como en Iasi (noreste) y Sibiu (centro del país), con cerca de 2.000 personas cada una.
Los manifestantes rechazan el proyecto de reforma del sistema judicial presentado por el ministro de Justicia, Tudorel Toader, y criticado, entre otros, por el presidente Klaus Iohannis, quien lo calificó de «ataque contra el Estado de Derecho».
Entre las medidas propuestas destaca la reducción de las competencias de la Fiscalía anticorrupción (DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados.
Además, los fiscales jefes de la Fiscalía General y del DNA ya no serían designados por el jefe del Estado.
En la actualidad, el presidente nombra a los fiscales jefes propuestos por el propio primer ministro de Justicia, después de recibir el visto bueno del Consejo Superior de Magistratura (CSM).
Otra de las polémicas medidas propuestas es la de someter a la Inspección Judicial del CSM, el principal guardián que protege la independencia de la justicia, al control del ministro de Justicia.
La oposición ha advertido que las medidas proyectadas permitirían al ministro de Justicia presionar a los jueces.
Más de 3.500 magistrados han firmado una petición para que se retire el proyecto de ley.
Por su parte, la Fiscalía General levantó una «señal de alarma» por la creación de una sección para investigar a los magistrados y trasladar la Inspección Judicial a manos del Ministerio de Justicia.
En febrero pasado, la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989 logró que el Gabinete socialdemócrata retirara una controvertida ley que preveía suavizar la lucha contra la corrupción.
