(Foto EFE)
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El Foro por la Vida, Civilis, Provea y otras 28 organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, rechazaron este viernes la aprobación de la denominada “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

A través de un manifiesto las ONG señalaron que el mencionado instrumento, aprobado el pasado miércoles 8 de noviembre, pretende penalizar la libre expresión mediante una regulación vaga, arbitraria, vaciada de rigurosidad que incumple con los estándares mínimos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y técnica jurídica.

La carencia de legitimidad de la ANC implica que ninguna de sus acciones tiene implicaciones jurídicas auténticas al desbordar y contravenir, desde su origen, los principios y procedimientos contemplados en la Constitución en garantía de los derechos fundamentales, señalaron en el documento.

A juicio de las organizaciones que suscriben el texto, la pretendida legislación descansa en la teoría del “expansionismo penal”, según la cual la cárcel es la solución de los conflictos. “El objetivo de la ley es criminalizar las expresiones de odio, pero no define qué entiende por odio, por lo tanto la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión sin utilizar un criterio riguroso”.

Toda regulación del discurso, que en este caso se traduce en una restricción del derecho a la libertad de expresión, debe cumplir con tres condiciones: legalidad, legitimidad y proporcionalidad de la posible sanción en relación al presunto daño que se pueda generar, reiteraron.

A juicio de las ONG esta ley no cumple con ninguna de estas características, cualquier discurso podría ser calificado como “odio”, aplicándose arbitrariamente para encarcelar a personas hasta por 20 años de prisión. “Las excesivas penas vacían la propuesta de carácter jurídico al convertirla en un dispositivo de criminalización contra expresiones incómodas para el poder”.

Ningún gobierno en el mundo ha logrado aprobar legislaciones que regulen el discurso en las redes sociales, precisamente por las amplias restricciones que implica para la libre expresión y ante la contradicción que representa en un espacio realmente democrático. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos exigimos la no aplicación de hecho de esta “Ley contra el odio”, reza el comunicado.

Acción Solidaria, Centro de Acción y Defensa por los DDHH, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de Formación para la Democracia (CFD), Cepaz- Centro de Justicia y Paz, Coalición Clima21, Comisión DDHH del Estado Anzoátegui, Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira fueron parte de las ONG firmantes del documento.




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