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Aunque Nicolás Maduro ni ninguno de quienes le acompañan en su gobierno y en el Partido Socialista Unido de Venezuela reconocen el éxito obtenido por la consulta popular el pasado domingo 16 de julio de 2017, sabe que existen 7 millones 500 mil y pico de venezolanos que rechazan y no respaldan la elección de la  Asamblea Nacional Constituyente Comunal, convocada por él,  de forma ilegal, con el fin único de permanecer en el poder y convertir a Venezuela en un apéndice de Cuba, con los valores y las carencias que brinda el modo de producción comunista imperante en esa isla, el cual no es benefactor de la felicidad de la cual pregona, por cuanto muchos cubanos han preferido morir en medio del mar cuando se montan en balsas no seguras para llegar a  los Estados Unidos, con el fin de huir de las miserias del comunismo implantado en Cuba desde hace aproximadamente 60 años, por cuanto es un sistema de gobierno no garante del bienestar humano, por cuanto los productos alimenticios, de aseo personal y del hogar no están garantizados, mucho menos el vestido y el calzado, así como una vivienda y un carro propio, porque allí la propiedad privada no existe y quien tiene hasta sobrarle son quienes ostentan y están en el poder, quienes a su vez no consideran a los pobladores como sujetos, sino como objetos de explotación física, material, mental y espiritual.

Los 7 millones 500 mil  venezolanos que votaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal o Comunista en la consulta popular refrendaria realizado el 16 de julio  ratificaron el apoyo y el  respaldo dado en diciembre de 2015 al cambio de la conducción política del país, cuando sufragaron a favor de  los 112 diputados presentados por la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias de ese año. Diputados que desde su selección se han convertido en un prurito muy incómodo para los personeros del Poder Ejecutivo, porque implicaría que ya tendrían que sujetar sus desmanes, porque en adelante sus actuaciones serían controladas por el Poder Legislativo, tal y como lo contempla la Carta Magna.  Ante esa realidad, Nicolás Maduro,  mantiene en zozobra al grupo de parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional  para impedir que ellos   frenar sus arbitrariedades, el abuso de poder y den a conocer todos las actos inconstitucionales cometidos por los anteriores miembros del parlamento, los cuales por ser, en su mayoría, oficialistas y afines del gobierno del presidente de la República, actuaron de acuerdo con los intereses políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela y no según lo establecido en la Constitución Nacional. Todo para favorecer la gestión del Jefe del Estado, aunque las decisiones fuesen ilegales, como la selección de los magistrados al Tribunal Supremo, realizada fuera de los tiempos previstos y a hombres y mujeres no probos ni con el perfil y las características requeridas para esos cargos de alta envestidura  y responsabilidad. Un proceso amañado para impedirle a los nuevos miembros del parlamento nacional su selección imparcial y acorde con los requerimientos exigidos en la ley, como por ejemplo, no tener prontuario judicial, no ser militante de un partido político, contar con varios años de experiencia como docente universitario, así como con posgrados.  Requisitos que no tienen los magistrados nombrados por el diputado Diosdado Cabello en los últimos días de diciembre de 2015, cuando culminaba su período como presidente del parlamento y por saber que en el próximo período parlamentario le sería imposible volver a ser presidente de la Asamblea Nacional, porque días anteriores, el 6 de diciembre, los candidatos a diputados de la oposición fueron los ganadores en la contienda electoral.

Los revolucionarios tienen 18 años gobernando y no quieren perder las parcelas del poder, razón por la cual ante el peligro de gobernar con una Asamblea Nacional opositora y con el 80 por ciento de rechazo de los venezolanos al gobierno de Nicolás Maduro, este convoca de forma espuria la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, la cual además de convocarse de forma inconstitucional, también se realizará, el domingo 30 de julio,  en un ambiente totalmente crispado por las protestas diarias en su contra, las cuales  ya han cobrado más de 100 muertos y miles de detenidos.

Su ejecución también se encuentra marcada por un proceso electoral, el cual por rapidez y parcialidad de su organización y realización por parte de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, no garantiza su   transparencia, pues no se contará con la tinta indeleble que podría impedir que un votante sufrague más de una vez y muchos de los centros de votación tradicionales fueron reubicados, en un abrir y cerrar de ojos, en el poliedro de Caracas, por ejemplo, sin  saber cuáles serán los electores que deben votar allí. E igualmente, el presidente Maduro exige el carnet de la patria para votar en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente Comunista y no la cédula de Identidad, como lo estipula la ley, aunque se ha descubierto que mediante el código QR, ubicado en el dorso o parte trasera del carnet de la patria, se obtienen dos votos más, una vez que el titular haya ejercido su derecho al sufragio y use ese dispositivo electrónico.

Está comprobado, asimismo, que una sola persona tiene asignado 30 números de cédulas distintos, como, por ejemplo,  el caso de José Gregorio González Rodríguez, quien puede votar en distintos centros del estado Miranda, pues posee varios números de cédula de identidad: V-6.842.091, V-15912536, V-6995044,V-13697891, V-11488459,   V-10074314, V-11836572,  V-6979976, V-10095173, V-10115307 , V-6147875,   V- 10792293, V-9419805, V-6867013, V-12914129, V-5190978, V-10297391, V-5467568, V-19008082, V-8349590, V-16843945, V-15934549, V-11381761, V-11529943, V-11154270, V-3210989, V-5441762, V-5380540, V-10681328, V-978208. Y no sólo en el  caso de José Gregorio González Rodríguez se presenta esta anomalía, pues hay otros en igual condición y no se sabe si los técnicos del CNE saben o es una trampa montada para ganar en adelante todo proceso electoral que monten, pues saben que en la realidad ya no cuentan con el apoyo de la ciudadanía, porque su modelo político y económico comunista ya se agotó. Fracasó y no ha traído felicidad a ningún venezolano. Sólo ha originado tristeza, zozobra, caos, hambre, penurias, muertes y más muertes, inseguridad, así como un sinfín de desgracias humanas jamás pasadas en la vida republicana de Venezuela ni aún en las feroces dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez.

Estrategias usadas para obtener los votos que no tienen e imponer esa Asamblea Nacional Constituyente Comunista que acabará con la tradición democrática y republicana de Venezuela y llevará a la total y completa ruina la vida de todos quienes habitan en esta tierra de Simón Bolívar, cuyos ideales libertarios se le está dando   una bofetada muy fuerte, porque a partir de ese adefesio jurídico, Cuba dominará abiertamente y no en el subterfugio como lo hace ahora para evitar que los venezolanos descubran que quien realmente tiene invadido esta nación, desde que Hugo Chávez Frías llego al poder, es Raúl Castro y no el imperio norteamericano como Nicolás Maduro y el presidente fallecido han pretendido hacer creer desde que se instalaron en el gobierno. Primero Fidel hizo de las suyas e hizo cambiar muchos paradigmas democráticos de la nación, hasta transformó los ideales democráticos de muchos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, institución invadida por militares cubanos, los cuales, según fuentes fidedignas, tienen más control que los militares venezolanos, porque dominan muchas áreas estratégicas de la nación, las cuales en la cuarta República eran cuidadas celosamente por venezolanos por el peligro de que otra nación conozca el mundo militar.  En la Venezuela de ayer, los uniformados  combatían a guerrilleros, paramilitares y comunistas y hoy, al parecer, se han aliado a ellos sin ningún estupor ni miedo a la aplicación de la ley.

 

 

 

 




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