A juicio de Melvis Humbría, secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS) en Carabobo, la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida presuntamente producto de las torturas recibidas mientras era interrogado por funcionarios de un cuerpo de seguridad del estado, constituye un hecho abominable el cual merece nuestra más enérgica condena.
Señaló Humbría que si se corrobora lo revelado por familiares del militar fallecido, estaríamos en presencia de una violación flagrantemente de lo establecido en el artículo 43 de la Constitución el cual señala que “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
El dirigente masista subrayó que, el fiscal general de la república, designado por la ANC, Tarek Willian Sabb, está obligado por ley y sin esperar instrucciones Presidenciales a darle curso a las investigaciones que conduzcan al total esclarecimiento de los hechos donde perdió la vida este miembro de la Armada Venezolana.
«Es público y notorio, y así lo reconoció el Ministro de Comunicación e Información que el fallecido se encontraba bajo custodia de funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)».
Humbría recordó los hechos ocurridos en julio de año 1976, cuando apareció muerto por torturas en uno de los calabozos de la DISIP, el ciudadano Jorge Rodríguez, Secretario General de la Liga Socialista. En ese entonces el Ministro de Relaciones Interiores del primer gobierno de Pérez, Octavio Lepage, fue quien asumió la vocería, al principio su declaración fue confusa, pero inmediatamente reconoció que el dirigente político había fallecido producto de las torturas recibidas mientras se encontraba bajo custodia policial.
«Dio la cara, como tiene que ser, no se escudó en funcionarios de menor jerarquía para explicar lo sucedido, por cierto en su explicación no señalo los motivos por los cuales se encontraba detenido e investigado el fallecido».
Refirió que el asesinato de Jorge Rodríguez, quien en vida fuera padre de los hermanos Rodríguez, no quedo impune, los culpables fueron condenados a treinta años de prisión, en este caso se hizo justicia.
«En esos momentos diversos sectores se pronunciaron exigiendo castigo a los culpables, ojala que esta muerte sea totalmente esclarecida y los responsables materiales e intelectuales sean castigados con todo el peso de la ley».
Finalizó solicitando la libertad para todos los detenidos por causas políticas e igualmente proponer la constitución de una comisión de especialistas en materia de DDHH para que visite los sitios de reclusión y constate la situación de los detenidos, para estas gestiones podrían apoyarse en los funcionarios designados para tales efectos por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Con nota de prensa del MAS
