TSJ
(Foto Referencial)
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Las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretenden destruir el sistema acusatorio del país y colocarlo al servicio de la persecución penal y de la dictadura, criticó el diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, Juan Miguel Matheus.

El parlamentario detalló por qué para él la sentencia 469 es una aberración jurídica. La designación del Vicefiscal es competencia exclusiva de la Fiscal, lo dice el artículo 25, numeral 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. “Rafael González fue designado vicefiscal encargado, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley y la sentencia 469 es irrita e inexistente. Solo la AN puede autorizar o no la designación del vicefiscal”.

La sentencia 470 no es distinta, para Matheus. Esta es la que otorga a la Defensoría del Pueblo funciones que son exclusivas del Ministerio Público y la ve el miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia como otra acción de Tarek William Saab al servicio de la dictadura. “El Defensor del dictador introdujo un recurso de interpretación de sus funciones ante la Sala Constitucional y los magistrados, ejerciendo violencia institucional, pretenden otorgarle funciones que son exclusivas del Ministerio Público”.

Matheus explicó que estas dos sentencias pretenden destruir el sistema acusatorio establecido en la Constitución, en virtud del cual un órgano investiga y acusa (Ministerio Público) y otro dicta sentencia condenatoria (tribunales penales), respetando así el principio de separación de poderes y sirviendo a la justicia. “Los magistrados de la Sala Constitucional y el Defensor del Pueblo crean condiciones de violencia institucional para que Nicolás Maduro permanezca en el poder. Estas sentencias son nulas e inexistentes. Rafael González es vicefiscal y el monopolio de la acción penal y de la acusación corresponde al Ministerio Público”, finalizó.




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