El Gobierno de México respondió este sábado al informe de la ONU sobre Tortura que asegura que esta y los malos tratos siguen siendo generalizados en el país, expresando su compromiso por acabar con esas prácticas.
El documento fue presentado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Gobernación (Segob) dijeron tomar nota de lo referido en el reporte sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Este informe da seguimiento a la implementación de las recomendaciones hechas por el entonces relator Juan E. Méndez después de la visita oficial a México que realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
El Gobierno mexicano indicó que la eliminación total y definitiva de la tortura y otras prácticas degradantes es una tarea que exige el compromiso permanente e indeclinable de todas las autoridades encargadas de administrar la justicia y de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal).
Esto con el debido respeto a los Derechos Humanos que exigen y merecen todos los habitantes en nuestro país.
Las instituciones citaron acciones que reflejan el compromiso y esfuerzos del Gobierno, como la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura en 2015 y la iniciativa de ley para prevenir, investigar y sancionar dichos crímenes, que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados tras ser aprobada en el Senado.
Asimismo, mencionaron su apertura hacia los mecanismos internacionales en esta materia y aseguraron que gracias a estas iniciativas se ha reducido notablemente el número de quejas presentadas por actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El relator lamenta concluir una vez más que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México, dice el documento de la ONU, y añade que la tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones.
Además, pone de relieve el contexto de impunidad grave que vive el país y que hace que la falta de investigación de estos hechos sea habitual.
En su informe, el relator destaca que la eliminación de la tortura es un desafío fundamental para México y anima al país a trabajar para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la cotidianeidad.
Debe fortalecerse el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Se espera que con la nueva ley nacional de ejecución penal y la futura ley general sobre tortura, esta situación mejore, asevera el texto.
México abrió, de octubre de 2015 a noviembre del año pasado, 4.713 expedientes por posibles delitos de tortura que involucran a servidores públicos, de acuerdo con datos del Gobierno.
