El Memorándum de Entendimiento suscrito entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y la constituida Plataforma Unitaria de Venezuela, da inicio – se afirma – a un proceso de diálogo y negociaciones con el propósito, entre otros, “de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención”. Se sabe que se encuentra afectado por una severa crisis humanitaria además de haber sufrido un daño antropológico profundo con su diáspora, casi un tercio de la población. Tendrá como objeto, también, “acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías”.

Lo así firmado predica, de suyo, que los venezolanos hoy no gozan de bienestar y padecen la ausencia de garantías democráticas. Es el reconocimiento palmario del fracaso social del régimen y de su desembozado talante dictatorial.

Se constata que, en la misma medida en que el régimen de Maduro se hace acompañar de una potencia geopolíticamente comprometida con sus intereses, la Federación de Rusia y encuentra como sede a otro régimen que le defiende: México, en contrapartida veta la composición de su contraparte; casi que le impone integrarse con actores a quienes mantuvo bajo prisión política hasta el día anterior y sin que cuente con un apoyo internacional formal y visible en la mesa, que la reequilibre en su factual debilidad.

En buena hora y enhorabuena, sobre la marcha de los acontecimientos, los jefes parlamentarios más importantes de Occidente (EE. UU., Reino Unido, Alemania, Parlamento Europeo, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, Polonia y Dinamarca), desde afuera le han dado su respaldo a la Plataforma Unitaria e intimado a Maduro. El logro de condiciones para la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias con garantías, la liberación de los presos políticos, desde ya las fijan como premisas para que puedan aliviarse las sanciones que pesan sobre los miembros de la dictadura. Ciertamente, ni las partes en la mesa mexicana ni sus acompañantes ruso y holandés, menos el mediador noruego, tienen capacidad alguna para disponer respecto de estas.

Maduro denuncia ahora que tales declaraciones buscan implosionar el diálogo. Pero el caso es, justamente, que ni él ni sus mandantes ruso-cubanos negocian. Ni siquiera buscan fijar los términos de una capitulación honrosa para su contraparte. Usan de México para purificar sus maldades – los jefes parlamentarios citados, no por azar traen a colación el tema de los crímenes de lesa humanidad por los que se juzgan a Maduro y sus colaboradores inmediatos – y al objeto de hacer cesar la presión internacional. Creen, acaso sin faltarles algo de razón, que los gobiernos democráticos del mundo están fastidiados con la cuestión venezolana.

Tan evidente es lo anterior que la Misión Permanente del régimen dictatorial ante la Oficina de la ONU en Ginebra, de entrada, ya ha descalificado a la Plataforma Unitaria. La muestra como “un sector de la oposición”, de la “oposición más extremista”, al que no le atribuye “igualdad de representación ni de legitimidad” según el texto que ha hecho circular entre los Estados; si bien los parlamentos occidentales mencionados, han sostenido su público reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino y líder de los opositores sentados en Ciudad de México.

Guaidó, obligado como se encuentra por el Estatuto Constitucional para la Transición, ha explicado el encuentro de México por la falta de condiciones institucionales y electorales susceptibles de asegurar una elección democrática, justa, e internacionalmente observable en Venezuela. Lo mismo señala su embajador en Washington, Carlos Vecchio, cuya presencia dentro de la Plataforma fue vetada por Maduro.

Así las cosas, sólo el chantaje o el igual secuestro al que se encuentra sometido el pueblo venezolano, explica y no justifica que “un sector de la oposición” – aquí sí vale la afirmación del régimen – haya decidido participar sin condiciones en las espurias elecciones regionales organizadas por este, sin que hayan avanzado los diálogos mexicanos. De donde no huelga referir lo escabrosa y miserable que es y resulta la conseja, del propio régimen y de quienes con él cohabitan, a cuyo tenor el desastroso resultado electoral previsible para noviembre será el producto de la división opositora.

La división en Venezuela opera por arriba, pero no por la base del país. Este permanece unido en el sufrimiento – única razón que justificaría lo de México – y en la convicción de encontrarse traicionado en sus mandatos soberanos, como cuando votó SI por el cese de la usurpación y la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en la Consulta Popular del pasado diciembre.

El simulacro de negociaciones en México, con una contraparte a la que el régimen descalifica y le atribuye falta de “representación” y “legitimidad”, tiene para este, por ende, un único motivo: que “sean levantadas las sanciones” dictadas contra sus miembros por crímenes de lesa humanidad y graves actos de corrupción. Y acceder, sin reservas, al circuito global que le permita obtener dineros frescos y lavar sus dineros sucios.

En fin, salvo que tantos entuertos logren morigerarse sobre la mesa – lo espero, sanamente – si media el activismo de la comunidad democrática de Occidente y no nos deja abandonados a nuestra suerte a los venezolanos, como ocurriera en Afganistán, ningún valor podrá otorgársele a los documentos que se expidan desde México, ni siquiera el político. Si, como lo sostiene oficialmente la dictadura, su contraparte carece de entidad como tal, mal podrán esta y aquella, entonces, acordar, menos disponer, acerca de las cuestiones muy graves que ocurren en Venezuela y que, al paso, son obra y culpa del propio Maduro y sus cofrades, de su arbitrario hacer y deshacer criminal.

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Jurista, político y escritor venezolano. Abogado de la UCV, (1970) donde cursó una Maestría en Derecho de la Integración Económica. Especialista en Comercio Internacional por la Libera Universitá Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) en Roma y doctor en Derecho, mención Summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde es Profesor Titular (Catedrático) por ascenso, enseñando Derecho internacional y Derechos Humanos. Es también Profesor Titular Extraordinario y Doctor Honoris Causa de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Miembro de la Real Academia de Ciencias Artes y Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, ha escrito 26 libros. Ejerció como Embajador, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gobernador de Caracas, Ministro de la Presidencia, y en 1998 como Ministro de Relaciones Interiores y Presidente Encargado de la República de Venezuela.
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