La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario panameño Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público (Foto Archivo)

La abogada panameña Evelyn Vargas, vinculada al expresidente Ricardo Martinelli e imputada por blanqueo de capitales en el caso de los sobornos de Odebrecht, aterrizó este miércoles en Panamá, procedente de México, donde se entregó voluntariamente a las autoridades.

Vargas se entregó a la Interpol el martes y fue repatriada este miércoles a Panamá, donde declarará como imputada por supuestamente haber ayudado a lavar dinero de los sobornos de la constructora a los hijos del expresidente Martinelli (2009-2014), según fuentes judiciales.

La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.

Según medios locales, Vargas gestionó al menos cinco sociedades con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales.

La letrada abandonó el principal aeropuerto de la capital panameña entre fuertes medidas de seguridad y sin hablar con los periodistas y llegó a las instalaciones del Ministerio Público para rendir declaración, según constató Efe.

El Ministerio Público de Panamá (MP) confirmó en un comunicado que «la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso Odebrecht ordenó la indagatoria de la abogada» para esta tarde.

Su indagatoria se enmarca «en el caso que se investiga de ‘Odebrecht Suiza’ por el supuesto delito contra el orden económico (blanqueo de capitales)», señaló el MP.

Los defensores de la abogada requerida por la Fiscalía para el caso Odebrecht, según el Ministerio Público, comunicaron hace poco que la jurista «tenía la intención de retornar al país y comparecer a enfrentar dicha investigación, tras mantener una orden de detención internacional».

«Las autoridades de Interpol México fueron informadas de la decisión de la abogada que se encontraba en ese país, se produjeron las coordinaciones y comunicaciones con sus homólogos de Interpol Panamá para el retorno al país» de la letrada, indicó el MP.

El abogado de Vargas, René Rodríguez, afirmó en el canal local TVN que su cliente «va a colaborar con las investigaciones, va a hablar con la verdad por delante y no va a encubrir a nadie».

La entrega de la abogada tuvo lugar poco después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, recomendara este martes a los implicados en el escándalo de Odebrecht confesar detalles sobre la red corrupta lo antes posible para poderse acoger así a una futura reducción de pena, gracias a la recién aprobada ley de «delación premiada».

El MP adelanta en Panamá 6 investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos Vargas y los hijos de Martinelli.

Las confesiones, añadió Porcell en una rueda de prensa, deben darse antes del 1 de junio, fecha en la que Brasil empezará a compartir información sobre el caso con otros países.

La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.

La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos 2.047 millones de dólares.




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