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(Foto cortesía)

Sofocados por la preocupación y la incertidumbre. Así están los padres del doctor colombiano Antonio Amell Cantillo, residente de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia, quien fue acusado este miércoles 9 de septiembre por el Ministerio Público (MP) de Venezuela por presuntamente comercializar medicamentos de alto costo otorgados por el Estado para el tratamiento de COVID-19.

“Mi hijo no es ningún delincuente. Le imploramos que lo manden a Colombia si no lo quieren tener allá por algún motivo”, dijo a El Carabobeño Antonio Amell, padre del médico detenido y posteriormente desaparecido por más de 72 horas. “Por favor, que lo pongan en la frontera, como sea, pero que liberen a nuestro hijo. Es lo único que le pido al gobierno de Venezuela”.

El médico de 27 años, nacido Magangué (departamento colombiano de Bolívar), al terminar su pregrado en el vecino país se vino a Venezuela hace casi tres años a cursar la especialización de Medicina Interna en la Universidad de Carabobo (UC), tal como lo hicieron sus padres. Hacía su residencia en la CHET, también conocida como Hospital Central, y tenía pautada para diciembre de este año la presentación de su tesis.

En la familia Amell Cantillo todos son médicos y se encuentran en Colombia: padre, madre y hermano. “Esta incertidumbre está acabando con nuestras vidas, no se pueden imaginar cómo nos sentimos. Justo ahora estoy de guardia en una UCI con nueve pacientes graves y mira como estoy”, señaló el papá, quien no pudo contener el llanto. Tanto él como su esposa, la doctora Marisol Cantillo, se sienten atados de manos al estar lejos de su hijo en medio de esta situación.

Violación al debido proceso

Fue a la 1:00 a.m. del domingo 6 de septiembre cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron de forma violenta a la residencia del médico en San Diego. Su padre detalló que además de causar destrozos y llevarse la computadora y documentos, se llevaron a Amell Cantillo esposado en su propio carro. La dueña del apartamento fue quien se comunicó con ellos para alertarlos sobre lo ocurrido. De ahí en adelante comenzó el calvario para ellos.

Las violaciones al debido proceso no han faltado en este caso, como es norma en los procedimientos ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado. Amell Cantillo no ha tenido comunicación con sus familiares ni abogados defensores desde que fue apresado. La ONG Foro Penal, que en primera instancia asumió su defensa, trataron de localizarlo en los centros de detención de Carabobo, pero no lograron dar con su paradero. Extraoficialmente se  conoció que ya habría sido trasladado a Caracas.

En horas de la noche de este martes 8 de septiembre, cuando todavía se desconocían las causas de la detención, Nicolás Maduro asomó algunos detalles sobre el caso, luego de que la Cancillería de Colombia se pronunciara para rechazar lo que calificó como una “detención arbitraria”  de su connacional y exigir pleno respeto a su vida e integridad física. Un grupo de congresistas colombianos también hizo lo propio  y responsabilizó a Maduro por lo que pudiera ocurrirle al galeno.

“Ya está el gobierno de Colombia pidiendo (liberar) a uno de estos estafadores y ladrones”, dijo Maduro durante una alocución televisada en la que aseguró que recibieron una denuncia sobre la presunta venta de ampollas de remdesivir. “Nosotros se lo damos gratis (…) y resulta que descubrimos que en un hospital la estaban vendiendo y capturamos a los primeros implicados. ¡Ladrones!”.

Acusación de Fiscalía 

El fiscal general, Tarek William Saab, reveló hoy que luego de un trabajo de inteligencia realizado por el MP, la Policía Nacional contra la Corrupción y el Sebin lograron determinar a través de denuncias realizadas por familiares de pacientes que Amell Cantillo presuntamente comercializaba medicinas para el tratamiento de COVID-19, “las cuales son suministradas de forma gratuita por el Estado”.

Según Saab, «Amell captaba a los familiares y les informaba que el hospital centinela no tenía recursos médicos, y que él podía conseguir cada ampolla de remdesivir por un costo de 800 dólares, cuando el Ministerio de la Salud lo entrega gratuitamente”. Agregó que también mantenía asociación con al menos cinco farmacias privadas, para vender los medicamentos que eran sustraídos del hospital.

Al momento de su detención, expuso el fiscal, supuestamente hallaron en su residencia insumos médicos y medicamentos: 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia.

La Fiscalía le imputará a Amell Cantillo los delitos de contrabando de extracción y asociación para delinquir. Por este mismo caso también será imputada Francis Aguiar, por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir. Además, agregó Saab, el director de la CHET, Alexis Riera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte.

Estamos hablando de un delincuente, no de una detención arbitraria para perjudicar a sus connacionales colombianos, como quieren hacer ver desde el vecino país”, sentenció Saab en referencia a la posición asumida por las autoridades colombianas.




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