Un grupo de venezolanos detenidos desde mayo en un centro gestionado por la guardia costera de Aruba, llamada Guarda Nos Costa (GNC), ha realizado cuatro protestas pidiendo ser enviados de regreso a Venezuela.
Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han informado sobre las condiciones de insalubridad en las que estos privados de libertad se encuentran, tras asegurar que temen contagiarse de COVID-19.
Además, esto incluye hacinamiento, violencia por parte de guardias y falta de artículos básicos de higiene.
Un migrante detenido manifestó que no reciben visitas ni alimentación adecuada, y que sólo se les permite hablar por teléfono esporádicamente, por unos pocos minutos, con sus familiares en Venezuela, publicó hrw.org.
Las autoridades no permiten los vuelos ni el tráfico marítimo entre Aruba y Venezuela desde febrero de 2019. En la práctica, esto ha frenado los procesos de deportación, y los migrantes venezolanos permanecen detenidos, en una medida que claramente viola el derecho internacional. Algunos han estado detenidos por más de seis meses.
Aruba debe liberar a los migrantes que no pueda deportar de inmediato a su país de origen. Disponer la liberación de los venezolanos detenidos, no solo es una medida consistente con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que además constituye un paso importante para reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.
Al 21 de agosto, en Aruba había 1.387 casos confirmados de Covid-19 y 6 muertes por esta enfermedad. Las autoridades no han indicado si se registraron casos confirmados o muertes dentro de establecimientos de detención de la GNC.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las “personas privadas de la libertad… posiblemente sean más vulnerables al brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que conviven por períodos prolongados”.
El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura ha instado a los gobiernos a “reconsiderar el uso de la detención por motivos inmigratorios y campamentos de refugiados cerrados en aras de reducir al nivel más bajo posible su población” en respuesta a la pandemia de COVID-19.
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