La promesa de desmilitarizar la seguridad ciudadana, como establece la Constitución en su artículo 332, no se honra en Venezuela. Continúan designándose militares activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al frente de las policías regionales, expresa la Organización No Gubernamental Control Ciudadano en una nota de prensa publicada por El Nacional. 

Control Ciudadano reclama que el pasado jueves, 4 de agosto, un coronel del ejército fue designado como director de la Policía de Monagas.

El nuevo secretario del Poder Popular para la Prevención y Seguridad Ciudadana y director de la Policía de Monagas, es el coronel Eduardo Almerida Padrón. Este recibió el estandarte de la policía regional de manos del gobernador de Monagas, Ernesto Luna, detalla la ONG.

En el acto estuvo presente también, el general de división (FANB) Ernesto Edmundo Pérez Mota, comandante de la Zona Estratégica de Defensa Integral Monagas (ZODI Monagas)», informa Control Ciudadano.

La ONG explicó que Almerida Padrón pertenece a la promoción Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre II, egresada de la Academia Militar en el año 1993, donde ocupó la posición 108 en el orden de mérito de 175 egresados.

“Es compañero de promoción del actual comandante de la Zona Estratégica de Defensa Integral Miranda (ZODI Miranda), G/D (Ej.) Johan Alexander Hernández Lárez. En el 2004 estuvo adscrito al 242 Batallón de Cazadores Vencedores de Araure, con sede en el Teatro de Operaciones No. 1, en Guasdualito, Estado Apure, añadió.

Seguridad ciudadana

La organización recalcó que la función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente del poder nacional, con los estados y municipios, en los términos establecidos en la Constitución y la ley. «Tiene carácter civil», enfatizó.

Ha sido notable el grado de militarización que han tenido los órganos de seguridad ciudadana en los últimos años, sin que haya podido respetarse el mandato constitucional, denuncia Control Ciudadano.

Control Ciudadano considera, que de funcionar el Estado de derecho en Venezuela, el ejercicio de un recurso de amparo, generaría la remoción inmediata de funcionarios militares activos de la FANB como directores de los cuerpos de seguridad nacional, estadales, y municipales. Esto, en el cumplimiento de las garantías que tienen los ciudadanos, de que estas instituciones sean de carácter civil como lo consagra la Constitución, afirma la ONG.

Con información de El Nacional




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