La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, apostó por la cooperación europea para frenar la inmigración irregular y adelantó que la nueva ley que prepara su Gobierno busca «una visión equilibrada» que incluya ciertas regularizaciones de migrantes y una aceleración de las expulsiones.
«La inmigración cero no es deseable ni posible», como tampoco «una inmigración desreglada», dijo en la Asamblea Nacional Borne, en un debate consagrado a la nueva ley de la inmigración que el Ejecutivo galo espera aprobar a inicios de 2023.
Con esta nueva ley sobre la inmigración, uno de los fenómenos que más preocupan al electorado francés, el Gobierno de Emmanuel Macron procura el difícil equilibrio entre la acogida a migrantes para puestos esenciales en la economía del país y la aceleración de la expulsión de irregulares y del análisis de las demandas de asilo.
Cooperación europea
Asimismo, el Ejecutivo francés cuenta con la cooperación europea para endurecer los criterios de entrada al espacio Schengen y «consolidar el sistema de asilo europeo».
«La manera más eficaz de luchar contra los traficantes (de personas) es en el ámbito europeo», alegó Borne, quien destacó «los mecanismos de solidaridad» destinados para los países europeos que están en la primera línea de las llegadas de inmigrantes (Grecia, Italia y España).
Respecto a las regularizaciones para cubrir puestos en los que hay déficit de personal, como el de la restauración o las obras, la primera ministra no aportó detalles, aunque aclaró que «no se tratará de una regulación masiva» como ha denunciado el principal partido opositor, el ultraderechista Agrupación Nacional (RN).
«Queremos una gran ley sobre la inmigración como han hecho en Dinamarca», incidió desde el hemiciclo la líder del RN, Marine Le Pen, en alusión a las trabas que este país nórdico ha puesto para la instalación de migrantes.
Le Pen denunció que hay zonas en Francia, como Saint-Denis (afueras de París), que se han convertido «en áreas extranjeras» que cuentan en algunos casos con el 40% de su población nacida fuera del país.
Sin embargo, para la primera ministra, es justo regularizar «a ciertas personas que han contribuido a la riqueza nacional y que están en un estatuto precario» en un país que tiene en torno al 9 % de su población extranjera.
En ese sentido, Borne abogó por luchar «contra las causas profundas» de los movimientos migratorios, entre los que citó «la pobreza y, cada vez más, los efectos del cambio climático».
«Un 25% de inmigrantes legales hablan mal francés»
También presente en el debate, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, habló de «un contrato consentido» entre el inmigrante y el país, que debe querer acogerlo, y se alarmó sobre la falta del conocimiento de la lengua francesa entre muchos migrantes.
«Un 25 % de los extranjeros en situación regular hablan o escriben muy mal el francés», alertó Darmanin, quien quiere obligar a los inmigrantes a pasar un examen de francés para poder renovar su visado.
Para el ministro -del ala más a la derecha del Gobierno-, la idea es conceder regularizaciones a sin papeles que ya ocupan empleos en sectores en tensión con permisos de trabajo de un año renovable, es decir de un periodo inferior a los 18 meses que les daría derecho a traer a sus familias a Francia.
El segundo grupo opositor de la Asamblea, el izquierdista La Francia Insumisa (LFI), defendió una postura abierta hacia la inmigración, alegando que «la única respuesta razonable es la solidaridad organizada», según la líder parlamentaria del LFI, Mathilde Panot.
«Las consecuencias del cambio climático obligarán a mil millones de personas al exilio. En esas circunstancias hay que elegir: el caos o el apoyo mutuo», expuso Panot.
