El asesinato esta madrugada del ministro de Medioambiente de Burundi, Emmanuel Niyonkuru, ha aumentado la tensión política en el país y se teme que pueda provocar una nueva escalada de la violencia, en medio de una crisis política que desde abril de 2015 ha causado centenares de muertos.
Las autoridades detuvieron a una mujer por el caso. El homicida no ha sido identificado
El portavoz de la Policía, Pierre Nkurikiye, explicó que Niyankuru, de 54 años, fue asesinado a tiros por un asaltante, que todavía no ha sido identificado, cuando regresaba a su casa de Buyumbura, la capital, sobre las 00.45 (22.45 GMT).
Las autoridades ya han iniciado una investigación para localizar al autor de este asesinato y, de momento, una mujer ha sido detenida como parte de la investigación, según la Policía.
«Este crimen no quedará impune», advirtió el presidente, Pierre Nkurunziza, tras conocer la muerte de su ministro a través de su cuenta oficial de Twitter, donde manifestó sus condolencias a la familia y a todo el pueblo burundés.
Niyankuru es el primer ministro asesinado durante la violenta crisis que vive el país africano, y se teme que su muerte provoque nuevos enfrentamientos y una mayor represión policial contra la población.
Burundi se encuentra sumido en el caos desde la oleada de protestas desatada en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez consecutiva a las elecciones, algo prohibido por la Constitución y que viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.
La represión se centró primero en manifestantes y opositores, y desde el golpe de Estado fallido del 13 de mayo de 2015 el Gobierno la ha recrudecido.
Desde entonces, han muerto centenares de personas y cerca de medio millón se han visto obligadas a dejar sus hogares, según datos de la ONU, que también ha alertado de un posible genocidio y ha acusado al Gobierno de crímenes contra la humanidad.
Según indican las investigaciones de la ONU, existe un patrón de violaciones sistemáticas y generalizadas que pueden poner en serio peligro la paz y la estabilidad en el país, dada la historia de conflicto interétnico y de violencia masiva.
La tensión política y la espiral de violencia siguen muy presentes en Burundi, donde a finales de noviembre el portavoz presidencial, Willy Nyamitwe, sobrevivió a un ataque en el que murió su guardaespaldas, días después de iniciar una polémica campaña en las redes sociales para mofarse de las críticas por posible genocidio en el país.
Gobierno y oposición se han acusado mutuamente de los numerosos asesinatos políticos ocurridos durante la crisis, que han hecho temer a la comunidad internacional que este conflicto se convierta en una guerra abierta.
A día de hoy, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) contabiliza más de mil asesinatos, 8.000 prisioneros políticos, miles de arrestos arbitrarios, entre 300 y 800 desapariciones, centenares de torturas y violaciones sexuales y más de 310.000 personas empujadas al exilio.
La Corte Penal Internacional abrió una causa para determinar la posible responsabilidad en estos crímenes del Gobierno de Nkurunziza, quien reaccionó anunciando su retirada del marco jurisdiccional de La Haya.
Pese a la presión de la comunidad internacional y los numerosos intentos de establecer conversaciones entre Gobierno y oposición, Nkurunziza siempre ha rehuido hablar con todas las fuerzas políticas.
Hasta la fecha, las autoridades burundesas han rechazado el despliegue de 228 policías aprobado por el Consejo de Seguridad para estabilizar el país, han suspendido cualquier relación con el Alto Comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos en Burundi y han declarado «persona non grata» a tres expertos nombrados por la institución.
