Evo Morales, Heraldo Muñoz y Michelle Bachelet. (Cortesía)
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró hoy que el fallo contra dos militares y siete funcionarios aduaneros bolivianos en Chile es una “represalia” por la demanda marítima entablada en La Haya.

Un tribunal chileno condenó hoy y ordenó la expulsión de nueve bolivianos detenidos desde marzo pasado en Chile, acusados de contrabando, robo con violencia y porte ilegal de armas.

“Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Morales aludió así a la demanda presentada por su país en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar en firme la centenaria reclamación boliviana de la restitución del acceso soberano al Pacífico perdido en una guerra a fines del siglo XIX.

Para el mandatario boliviano, se trata de un “fallo político”, pues sus nueve compatriotas detenidos en Chile “son inocentes”.

“La defensa demostró que camiones chilenos llevaban contrabando, uno de ellos tiene frondoso prontuario. Los 9 bolivianos cumplían su deber”, indicó.

Según Morales, “por revancha, hace tres meses” el canciller chileno, Heraldo Muñoz, “ordenó” que los nueve funcionarios bolivianos fueran presos y “hoy la justicia de Chile acata esa instrucción”.

Los funcionarios bolivianos fueron detenidos el 19 de marzo por carabineros chilenos, que los acusaron de haber cruzado la frontera para intentar robar camiones con mercaderías.

En cambio, Bolivia ha sostenido que sus funcionarios realizaban un operativo contra el contrabando cuando fueron detenidos.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en el norte de Chile, decidió hoy condenar y expulsar a los nueve funcionarios bolivianos.

En la audiencia de lectura de sentencia que se desarrolló este miércoles, la jueza chilena Isabel Peña dio por acreditados los delitos de robo con violencia y contrabando para los siete funcionarios aduaneros, y el de porte ilegal de armas para los dos militares que los acompañaban.

Según Peña, la expulsión debe materializarse dentro de los próximos 30 días.

Bolivia espera que en dos a tres días sea posible el retorno de los funcionarios, tras cumplir previamente con “una serie de requisitos administrativos”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró “injusta” la sentencia y explicó a los medios que Bolivia apelará al Pacto de Bogotá, suscrito por Bolivia y Chile, “para pedir una investigación seria, responsable” del caso.

Chile pide evitar politización fallo tribunal

En contraposición, el Gobierno de Chile pidió hoy evitar la politización del caso de los nueve ciudadanos bolivianos que este miércoles fueron condenados por delitos de contrabando, robo con violencia y porte ilegal de armas, y que serán expulsados del país.

“El Gobierno de Chile respeta los fallos de los tribunales y los cumple íntegramente, en línea con la independencia y separación de los poderes del Estado”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en un comunicado difundido la noche del miércoles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que condenó y ordenó la expulsión en un plazo de 30 días, de los nueve acusados (dos militares y siete funcionarios de Aduanas), quienes permanecían detenidos en una cárcel chilena desde el pasado mes de marzo.

La declaración de la Cancillería subraya que “el tribunal competente estableció que los nueve detenidos cometieron delitos en territorio chileno, condenándolos a distintas penas” y agrega que “sustituyó las penas aplicadas por la expulsión del país.

“Tanto la defensa de los detenidos como la opinión pública nacional e internacional son testigos de que se cumplieron plenamente las normas del debido proceso“, agrega la declaración del canciller Muñoz.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile sostuvo que los detenidos han contado con una amplia defensa y condiciones apropiadas, incluyendo la visita de representantes de la Cruz Roja Internacional y numerosas autoridades bolivianas y familiares que los han visitado reiteradamente.

“Hacemos un llamado a evitar situaciones de politización de procesos judiciales y que, de este caso, se saquen las conclusiones correspondientes para el futuro”, concluye la nota de la Cancillería.




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