El fiscal Tarek William Saab / Foto: Archivo

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela acusó este viernes a tres jefes de campaña de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, de estar vinculados con una trama terrorista, razón por la que fueron detenidos esta semana.

El fiscal oficialista, Tarek William Saab, confirmó que en las últimas horas los cuerpos de seguridad concretaron la aprehensión de los líderes regionales de la campaña de Machado en los estados La Guaira, Juan Freites; Yaracuy, Luis Camacaro, y Trujillo, Guillermo López.

Los tres «se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servían como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares», dijo ante periodistas Saab, que amplió hoy sus denuncias sobre cinco planes conspirativos detectados, que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro.

Horas antes, Vente Venezuela, el partido de Machado, denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir el «contacto con sus familiares» ni la «presencia de sus abogados privados».

El abogado Perkins Rocha, defensor de la líder opositora, dijo a EFE que, de momento, las autoridades judiciales no les han permitido tener acceso a los expedientes.

Según denunció la formación en X, Camacaro y Freites, tras «más de 72 horas desaparecidos», fueron presentados este jueves en el Palacio de Justicia de Caracas.

Las audiencias, prosiguió, se llevaron a cabo con «defensores públicos impuestos y sin el consentimiento» de los dirigentes del partido, que alertó al país y a la comunidad internacional del «proceder ilegal y arbitrario del régimen de Nicolás Maduro», y exigió «el respeto de los derechos humanos» de sus colaboradores, cuyo «destino judicial hoy es incierto y peligroso».

Machado responsabilizó el martes al Gobierno de estos hechos, así como de la vandalización de varias sedes de su partido, en cuyas fachadas escribieron «Furia Bolivariana», nombre de un plan lanzado por el jefe de Estado para «defender el derecho a la paz».

La opositora, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2030 -que espera le sea levantada mediante la negociación con el Gobierno-, aseguró entonces que «todo el aparato represivo del Estado» intenta «disuadir y desmoralizar» a sus seguidores.

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