Laura Clisánchez Correo del Caroní
La tarde de este lunes, el Ministerio Público aprobó la solicitud de libertad plena sin restricciones a favor de Rodney Álvarez, extrabajador de CVG Ferrominera Orinoco injustamente encarcelado durante una década sin pruebas en su contra. Tal decisión fue confirmada por el fiscal general Tarek William Saab a través de su cuenta de Twitter.
La solicitud fue emitida tres audiencias atrás por el fiscal noveno nacional Regino Cova, quien lleva la causa. Cova informó a la jueza y a la defensa privada que había llegado a la conclusión de que no había méritos suficientes para lograr una condenatoria.
Luego elaboró la solicitud formal de sobreseimiento de causa dirigida a la directora de Delitos Comunes de la Fiscalía General. La directora lo aprobó, pero decidió consultar esa solicitud con el fiscal general Saab.
Lo que es ilegal porque los fiscales son autónomos en la toma de decisiones, pero como el caso de Rodney tiene una connotación política a nivel nacional e internacional, decidieron entonces esperar la decisión del fiscal general”
Saab autorizó la solicitud de sobreseimiento emitida por el fiscal que lleva la causa. Actualmente la defensa está a la espera de que el documento se consigne en el expediente.
Luis Aguilera, abogado defensor de Álvarez, informó que este martes 12 de abril solicitará ante el Tribunal 11 de Juicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, que se acorte el lapso de la audiencia especial, es decir, que se paute para el miércoles 13 de abril o el martes 19. En esta audiencia las partes expondrán sus alegatos y la jueza fijará su sentencia que, esperan, sea absolutoria.
Originalmente la audiencia especial estaba programada para el martes 26 de abril.
“Es casi un hecho que la jueza dicte libertad plena para Rodney, porque no tiene ningún elemento probatorio para acordar una condenatoria, de hacerlo, estaría incurriendo en serias irregularidades. La Corte de Apelaciones una vez más anularía su sentencia”, explicó Aguilera.
“Pero prontamente Rodney andará en la calle con libertad plena. Lamentablemente después de 10 años y 10 meses de estar privado ilegal e ilegítimamente de su libertad”, agregó.
Han pasado 10 años y 10 meses de un juicio en que el obrero ha sufrido más de 25 diferimientos de audiencias, seis reinicios de proceso judicial y restricción de acceso a alimentación digna y atención médica, lejos de su madre, y sus tres hijos de 8, 10 y 14 años.
La esposa y hermano de Álvarez fallecieron mientras él todavía estaba privado de libertad.
En junio de 2021, Álvarez fue condenado a 15 años de prisión. La Sala I de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas anuló la sentencia y ordenó el reinicio del juicio en el Tribunal 11 de Juicio del TSJ, instancia que luego le negó la petición de medida cautelar sustitutiva de libertad.
Una década preso ilegalmente
En principio, Álvarez nunca debió estar tras las rejas. El exferrominero fue acusado -sin pruebas en su contra- del homicidio del trabajador Ronny Rojas, asesinado frente a los portones de Ferrominera Orinoco en junio de 2011 durante una asamblea de trabajadores de la estatal en la que escogerían a tres líderes sindicales.
Durante la asamblea, alguien disparó contra los trabajadores dejando un saldo de un empleado lesionado y otro muerto.
Durante su ilegal encarcelamiento a Álvarez se le ha negado el acceso a atención médica y alimentación digna
Quienes asistieron a la asamblea señalaron a Héctor Maicán, miembro directivo de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT) y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el responsable de los disparos. Maicán fue apresado ese día, pero el tribunal le otorgó medidas cautelares de libertad con régimen de presentación cada 30 días.
A Álvarez lo detuvieron días después en Ciudad Piar por orden del Ministerio Público y fue encarcelado en el recinto penitenciario Rodeo II ubicado en Caracas, a más de 100 kilómetros de su hogar. Desde entonces el proceso judicial ha estado lleno de irregularidades.
Movimientos sindicales e incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han exigido al régimen su liberación.
La libertad de Álvarez está cerca, pero una década de prisión causó daños morales y materiales irreparables que son responsabilidad del Poder Judicial.
