(Foto AFP)
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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera que la gravedad de las acusaciones de Estados Unidos contra el vicepresidente Tareck El Aissami merecen una investigación seria por parte de Gobierno nacional.

A través de un comunicado, instó a la Fiscalía a abrir una investigación penal, solicitando información a la Organización Nacional Antidrogas (ONA) y haciendo uso de los acuerdos internacionales para obtener las probanzas necesarias dentro y fuera del país.

La coalición opositora señala que, en un sistema democrático lo usual sería abrir una investigación independiente y transparente por parte de la Fiscalía, para que los venezolanos puedan determinar la responsabilidad o no de los señalados. “Eso es respetar a Venezuela y a los venezolanos, en lugar de buscar excusas desgastadas y repetidas”, expresa.

La MUD indica que, no es aceptable que se manipule el concepto de soberanía para impedir una investigación y mucho menos para proteger a determinadas personas.

A continuación el comunicado:

Ante las sanciones anunciadas ayer lunes 13 de febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el ciudadano Tarek El Assaimi, Vice Presidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, y contra un empresario señalado de ser su testaferro por presuntos delitos vinculados con narcotráfico, la Mesa de la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos:

1) La desgastada retórica “anti-imperialista” no puede ser la respuesta del régimen de Maduro frente a las delicadas acusaciones contra el Vicepresidente El Aissami. La gravedad de las acusaciones y la alta investidura de quien es objeto de las mismas merecen una respuesta seria que le permita a los venezolanos aclarar en detalle todos los aspectos de la situación. En un sistema democrático lo usual fuese que se abriera una investigación independiente y transparente por parte de la Fiscalía para que los venezolanos podamos determinar con precisión la responsabilidad o no de los señalados. De allí que sea necesario que los venezolanos conozcamos todas las evidencias que se puedan tener a los efectos de establecer las responsabilidades respectivas. No es aceptable que se manipule el concepto de soberanía para impedir una investigación y mucho menos para proteger a determinadas personas. La sanción impuesta solo tiene efectos en Estados Unidos y aplica sobre bienes ubicados en Estados Unidos. Ha sido una decisión tomada de acuerdo a las leyes de ese país, tal y como podría haberlo hecho el nuestro.

2) Lo único aceptable es una investigación seria. Instamos a la Fiscalía a abrir una investigación penal y a que la realice de manera objetiva, solicitando información a la ONA y haciendo uso de los acuerdos internacionales para obtener las probanzas necesarias dentro y fuera del país. Eso es respetar a Venezuela y a los venezolanos, en lugar de buscar excusas desgastadas y repetidas. Ante esta situación, es válido preguntarse: ¿Existió o existe alguna relación del Vicepresidente El Assaimi con los narcotraficantes allí mencionados? ¿Cuál ha sido el testimonio de Makled quien acusó a varios funcionarios venezolanos y hoy se encuentra detenido por narcotraficante? ¿Cuál es la relación entre El Assaimi y Samark López? ¿Tiene Samark López relaciones y negocios con el régimen de Maduro? ¿De dónde proviene si riqueza? ¿Por qué tiene cuantiosos bienes en Estados Unidos? Son preguntas sobre las cuales los venezolanos merecemos respuesta. La corrupción y el narcotráfico han llevado al sufrimiento de muchos a cambio del disfrute de la cúpula que hoy (des)gobierna nuestro país.

3) Promoveremos y apoyaremos las investigaciones que se hagan desde la Asamblea Nacional, único poder público autónomo en el país. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer la verdad sobre esta y otras situaciones similares de las que se ha hablado desde hace mucho tiempo sin que se haya producido investigación alguna, en tiempos en que también la Asamblea Nacional estaba subordinada al Poder Ejecutivo. Una vez evaluados todos los aspectos y efectuada la investigación respectiva, no descartamos que el Parlamento pueda y deba ejercer las facultades previstas en los artículos 187 y 240 de la Constitución a los efectos de aprobar un voto de censura contra el actual Vicepresidente, si los resultados de la investigación así lo determinan.




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