El general del Ejército chileno Francisco Martínez Benavides murió hoy mientras cumplía condena por el secuestro calificado (desaparición) de tres jóvenes uruguayos en 1973, tras el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile.
Martínez Benavides, según informó su familia, falleció a causa de un cáncer terminal en el Hospital Militar de Santiago, después de recibir en 2014 una condena por diez años y un día por la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.
El ministro de Justicia, Jaime Campos, aseguró que el militar se encontraba internado en el recinto hospitalario desde el 30 de abril de 2017, «de manera que murió con todas las atenciones médicas que era posible prestarle y, por ende, en un entorno de pleno respeto a su dignidad y consideraciones humanitarias».
Martínez Benavides había solicitado hace algunos meses el indulto a la presidenta Michelle Bachelet debido a la enfermedad que lo aquejaba.
Su abogado defensor, Raúl Meza, lamentó este jueves el deceso del militar, al que, según afirmó, «en condición de enfermo terminal» se le negó «el derecho a morir con dignidad junto a sus seres queridos», dijo a los periodistas, pese a las declaraciones del ministro Campos.
Meza, que defiende a varios uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, aseveró que «la indolencia extrema del gobierno ha permitido un ensañamiento inexcusable con los enfermos terminales de Punta Peuco (nombre de la prisión destinada a militares y antiguos agentes)».
«Esperamos que en un futuro gobierno de Sebastián Piñera esta inhumanidad y venganza tenga un cambio sustancial», afirmó el letrado, dando por hecha la elección del candidato de la derecha en las presidenciales del próximo 19 de noviembre.
Meza ha defendido públicamente el otorgamiento de beneficios a los presos ancianos y enfermos de Punta Peuco, que alberga a unos 130 violadores de derechos humanos del régimen militar.
Tras el golpe militar, en septiembre de 1973, los tres uruguayos se ocultaban en una mina abandonada de la localidad de San José de Maipo, cercana a la cordillera de Los Andes, al parecer con la intención de huir hacia Argentina, pero fueron descubiertos y detenidos por carabineros.
La policía después los entregó a una patrulla militar para que fuesen trasladados al Estadio Nacional de Santiago, utilizado en ese entonces como campo de concentración de prisioneros políticos, pero nunca llegaron y permanecen detenidos hasta hoy.
El fallo judicial estableció que los uniformados torturaron reiteradamente a las víctimas mientras estuvieron detenidas, forzándolas incluso a tragar vidrio molido, como testificó el entonces un superviviente, Alfonso Brizuela Durán.
Los tres jóvenes uruguayos habían llegado a Chile como refugiados pocos meses antes, tras haber escapado de una asonada militar que estalló el 27 de junio de 1973.
Entre los justificativos del golpe en Chile, la dictadura de Pinochet afirmó que en el país Chile había «15.000 guerrilleros extranjeros», que tenían un plan para asesinar a miles de opositores al gobierno de Salvador Allende e implantar una dictadura marxista.
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.
El fallecimiento de Martínez Benavides se suma al de los exagentes de la dictadura Gustavo Muñoz, Pedro Vivian y José Fritz, quienes también murieron afectados por una enfermedad terminal y habían solicitado el indulto presidencial.
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