No hay avances. En Venezuela la igualdad de género parece no ser prioridad en la agenda pública. Cada vez se cierran más espacios, aumentan la violencia y la discriminación, y merman las condiciones para el respeto de los derechos humanos (DDHH) de las mujeres en el país, que hoy celebran su día en ese contexto negativo.
La vulnerabilidad es evidente. Los datos de diferentes organizaciones feministas dan cuenta de que dos millones 52 mil adolescentes y niñas no cuentan con medios para garantizar su supervivencia y requieren una pronta respuesta institucional y comunitaria para prevenir, mitigar y responder a los riesgos a los que están expuestas.
A esto se suma que a las mujeres venezolanas se les viola constantemente su derecho a la salud al no tener acceso a programas de información, prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos para enfermedades crónicas como el cáncer, hipertensión y el VIH, alertó la presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez Táriba.
También hay vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años y apenas el 37,9 % las adolescentes sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos.
“La baja tasa de prevalencia obedece a fallas en el acceso a los mismos, toda vez que más del 50 % de las mujeres no pueden comprarlos debido a los altos costos. Esto repercute en embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo en adolescentes, abortos inseguros y en definitiva, en una pérdida de la autonomía física para las mujeres”.
Discriminación laboral
El informe de más de 70 organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos en Venezuela, advierte con gran preocupación que aún los hombres tengan mejores condiciones laborales.
Las mujeres suelen percibir un 17,7 % menos del salario que los hombres en el mismo cargo; “se enfrentan a no ser contratadas por ser de mujer y posible condición de madre, y no cuentan con espacios de trabajo libre de acoso”.
La experta en desarrollo, movilidad y pobreza, Isandra Villegas, señaló que, en Venezuela, un 72,7 % de las mujeres están en situación de pobreza, mientras que existe apenas una tasa de 32 % que tiene actividad laboral, a causa del déficit de ofertas de oportunidades dignas.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) existe una representación de 34,4 % de mujeres como directoras, profesionales, técnicas y staff, “lo que coincide con valores los valores mundiales de las Naciones Unidas… Además, una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza”.
A esto se suma que, aunque las mujeres realizan el 66 % del trabajo y producen el 50 % de los alimentos, solo reciben el 10 % de los ingresos y poseen el 1 % de la propiedad.
La presidenta de Funcamama agregó que las mujeres en sectores populares son las más vulnerables porque, además de pobreza económica, poseen pobreza de tiempo, “dedican entre 13 y 16 horas diarias a las labores del cuidado del hogar y no tienen tiempo para actividades remuneradas.
La crisis de servicio energético y de transporte hace más pesada la carga. “Las mujeres que están al pie de la cama de sus hijos en hospitales públicos realizan un trabajo no remunerado y no cuentan con ninguna pensión del Estado. “No se les reconoce su labor como cuidadoras ni profesionales, actividad que representa un gran ahorro para el sistema de salud. No existen políticas públicas de cuidado en el país”.
Violencia contra la mujer desatada
Los feminicidios no han parado en el país. El número se ha duplicado en los últimos cinco años al pasar de 122 en 2016 a 239 en 2021. “Son la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres que ocurren en el país, no solo de las que están en el contexto de relaciones de pareja, sino aquellas que se producen en las comunidades y que se dan como consecuencia de la discriminación por orientación sexual, y de la expresada en las diferentes formas de violencia sexual, como la explotación sexual comercial y el tráfico de migrantes”, resaltó Rodríguez Táriba.
La trata es la segunda causa de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela y una forma extrema de violencia que se encuentra invisibilizada por la misma naturaleza del delito.
La oficina de las Naciones Unidad contra la droga y el delito confirma que existe una correlación entre la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento de los flujos de trata originadas en Venezuela hacia países de américa del Sur, Centro América y Europa. “Para el primer semestre de 2021 se reportó el rescate de 147 venezolanas tratadas, es urgente sumar esfuerzos para combatir este delito”.
El acceso a la justicia de mujeres que han sufrido situación de violencia no está garantizado. Rodríguez Táriba indicó que el 91,5 % de las denuncias son archivadas o sobreseídas, mientras que el número de denuncias de violencia contra las mujeres ha disminuido drásticamente en los últimos seis años. “Esto obedece a fallas en la recepción de las denuncias y a la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad del sistema de justica incapaz de brindar seguridad, protección, tutela jurídica efectiva y reparación”.
El drama de la movilidad para las mujeres
Existe otra realidad que deben enfrentar las mujeres en Venezuela. Ellas usan menos el vehículo privado en sus desplazamientos, consumen más transporte público, caminan más que los hombres y sus itinerarios por la ciudad no están tan relacionados con el trabajo como los de los hombres.
“Realizan diferentes tareas asociadas a la unidad familiar: visitar a parientes dependientes, recoger a los niños en el colegio o ir a comprar… La seguridad personal es una de las barreras que evitan que las mujeres aprovechen de igual manera las oportunidades que la ciudad ofrece”, recalcó Villegas.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, Ella Se Mueve Segura (ESMS), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y FIA Foundation, en Venezuela, 61,9 % siente afectada su seguridad personal, 92 % ha sido objeto de maltrato físico, 63 % víctima de robo o hurto y ofensas verbales del conductor y usuarios del transporte público.
A esto se suma que más del 70 % de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público durante todas las etapas de su viaje, lo que genera una barrera a su movilidad. “En Valencia se ha incrementado un 12 % de la flota, pero en un periodo corto”.
Derecho a la educación mermado
El informe de las más de 70 organizaciones de DDHH contiene con gran preocupación un apartado para la educación. La pública está en crisis. Existe un déficit de docentes, en su mayoría mujeres, que se estima en 24,9 %, y de este total, el 40 % es debido a la migración forzada.
“La extrema pobreza de la población y las brechas tecnológicas limitan el acceso a la educación a distancia. Todo esto genera consecuencias negativas en el proceso educativo, bienestar general y salud mental de niñas y adolescentes”.
Violencia contra mujeres indígenas
En los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres representa una amenaza a la continuidad cultural, constituye un factor que perturba la conservación y protección de la madre tierra y de la vida en el planeta y las culturas originarias, conocimientos ancestrales y transmisoras de los valores, principios e idiomas maternos.
No cuentan con la protección especial que requieren, no tienen garantizados sus DDHH, particularmente el de la vida digna y libre de violencia, a la alimentación y a la salud. “De cada 100 mujeres indígenas, 10 viven con VIH y no cuentan con los medicamentos para sobrellevar las enfermedades endémicas y disminuir la tasa de mortalidad, la violencia obstétrica y la espiritual se profundiza en una población que va perdiendo sus costumbres ancestrales”.
Recomendaciones
Apegadas al lema de las Naciones Unidas para este 8 de marzo tema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, y tomando en consideración la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que incluye la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres, adolescentes y niñas como su objetivo N°5, las organizaciones feministas y de DDHH en el país propusieron a los donantes, las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales humanitarias:
Garantizar que el 100 % de las acciones de los programas de desarrollo cuenten con un enfoque participativo y centrado en la persona sobreviviente, en el que las mujeres, niñas y adolescentes sean protagonistas de su proceso para salir de situaciones de violencia, así como de su desarrollo integral (económico, psicológico, social y de participación política), el de sus familias y comunidades, a fin de acceder a medios de vida e incentivar la independencia y autonomía económicas.
Asegurar que exista una adecuada transversalidad del enfoque de género en la respuesta humanitaria; exigir que toda acción o programa, cuente con enfoque interseccional de diversidad cultural y multiétnica; instar al Estado venezolano a la actualización, producción y publicación de estadísticas que permitan la formulación de políticas públicas para la erradicación de la violencia, y que promuevan el desarrollo de programas y sistemas de recolección, sistematización y análisis de datos sobre las distintas realidades y problemáticas que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres.
También exigen que se establezcan los mecanismos de integración, colaboración y activa participación de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil venezolana.
A la institucionalidad venezolana solicitan que garanticen la creación de un sistema de participación democrático de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la Comisión Nacional para el Cumplimiento del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instancia creada recientemente en el marco de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en diciembre de 2021.
Fortalecer las capacidades y herramientas de las servidoras públicas, servidores públicos y de todas las Instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia Especializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres, para garantizar un efectivo acceso a la justicia a las niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, y permitir el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección y de seguridad decretadas por los órganos competentes, garantizando así la reparación integral.
Para Villegas, es indispensable el empoderamiento de las mujeres y niñas para tener autonomía económica. “Es importante que dispongan de las herramientas necesarias para conocer sus derechos y poder expresarse”.
Insistió en que la igualdad de género pasa por que mujeres y hombres tuvieran el mismo acceso a un empleo, la misma retribución por el mismo trabajo, un reparto de las tareas del hogar y por reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico. “Esta igualdad pasaría por garantizar el mismo acceso en todo el mundo a una propiedad, a un préstamo y a una educación y salud de calidad”.
