La iniciativa de la Asamblea Nacional (AN) de aprobar una ley que protegerá a los Derechos Humanos (DDHH) en el ejercicio de la función pública, demuestra no solo un total desconocimiento de la Constitución que obliga al Estado a respetar los derechos humanos del pueblo, sino que pretende lavar la cara a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que procesa la Corte Penal Internacional.
Según el ex-parlamentario, abogado penalista, defensor DDHH y coordinador de la defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, asegura que no será fácil proteger a los violadores de DDHH, por cuanto el informe de la Fiscal saliente, Fatou Bensouda, que ya es público, afirma que hay razones de sobra para iniciar una investigación. Estas afirmaciones también las apoya el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, y el presentado por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se señala que se repite un patrón para todos los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Narváez pidió, por estas razones, a los miembros de la mesa de diálogo que se desarrolla en México, que no incluyan en la agenda ningún aspecto vinculado al expediente que procesa la CPI actualmente contra los responsables de las violaciones de los DDHH, para no favorecer la táctica gubernamental.
Agregó que siente vergüenza por ver cómo el nuevo parlamento se desprendió de todas las atribuciones que establece la Constitución y lo más grave es que aún se niegue a debatir el expediente que procesó la CPI contra el Estado venezolano.
