Rafael Narváez, defensor de derechos humanos, sostiene que con la muerte del general Raúl Baduel en prisión, el Estado venezolano violó el artículo 43 de la Constitución, que establece la obligación de preservar la vida de los privados de libertad.
El abogado estima que con la muerte del exministro de la Defensa, aumenta a 10 la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado.
En su opinión, los centros de reclusión, en especial el Sebin se han convertido en una funeraria de capilla ardiente al no proteger y garantizar su vida.
El también coordinador por los derechos civiles, exigió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitar aplicar el Protocolo de Minnesota en el caso de la muerte del general Baduel.
Explica que la idea es evitar que funcionarios del Estado, que sean sospechosos de haber cometido este crimen, puedan actuar o influir en la investigación.
Narváez precisó que se recomienda en estos casos, una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento del hecho, tomando en cuenta que hay muchos testimonios de familiares y abogados de la defensa que cuestionan la tesis del Estado de muerte por COVID-19.
El abogado penalista y ex parlamentario fustigó lo que considera inobservancia e indolencia por parte del defensor del pueblo.
“Su conducta omisiva ante tantas atrocidades, vejaciones , torturas y asesinatos (Alban y Acosta Arevalo ) contra los presos políticos que ocurren en los centros de detención lo hace cómplice”.
Con nota de prensa
