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Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor de DD.HH. cree que la alta comisionada de la ONU, Michel Bachelet, tiene todas las pruebas y evidencias suficientes, reflejadas en el informe de la misión independiente de determinación de los hechos, para “lavarle el rostro” a un consejo general para los derechos humanos, “el cual se ha convertido en el refugio de representantes de países violadores graves de los DDHH, y que solo están allí para proteger a sus aliados comerciales”.

 

Narváez destaca que Bachelet tiene una gran oportunidad de exigir justicia, a favor de las víctimas en Venezuela, al considerar que la ONU tiene la nueva actualización del informe con toda la información necesaria acerca de las detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, heridos, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, abusos sexuales contra mujeres en los centros de detención y asesinatos  por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.    

 

El coordinador de la defensa por los derechos civiles señaló que el documento también contempla los hechos en contra de los ciudadanos que manifestaron durante los años 2014 y el  2017, las ejecuciones extra judiciales encabezadas por las OLP y el famoso grupo exterminio de las FAES, que no tiene miramientos para violar los derechos civiles y políticos, las atrocidades que siguen cometiendo la GNB, Dgcim, Sebin, el Conas, contra los ciudadanos.

 

“El informe de marzo 2021 de la oficina del consejo general para los derechos humanos de la ONU instalada en nuestro país dio conocer que 200 personas perdieron la vida por ejecuciones extra judiciales perpetradas por cuerpos de seguridad del estado encabezados por las FAES como siempre”, afirmó.

 

El coordinador por los derechos civiles exigió a la alta comisionada Michelle Bachelet solicitar formalmente a la CPI, la aprobación definitiva del informe preliminar, que ya tiene mucho tiempo de estar en fase 3  para dar el próximo paso histórico, que por primera vez en un país latinoamericano la investigación de los hechos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad, en el  Estatuto de Roma y así determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de estos delitos.

 

Para finalizar, el defensor Rafael Narváez manifestó estar convencido de que el Estado seguirá violando sistemáticamente los derechos humanos y descalificando cualquier informe o pronunciamiento emanado de instancias internacionales en materia de los derechos humanos.

 




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