El coordinador de la Asociación Pro Defensa de los Derechos Civiles, Rafael Narváez, rechazó la reciente designación del magistrado Maikel Moreno como nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El profesional de las leyes consideró que dicho nombramiento es una, profanación a la ética y la conducta. Desde su perspectiva, no todo el mundo puede ser magistrado y dirigir el máximo tribunal del país.
Narváez expresó su repudio ante esta medida gubernamental y afirmó que es inaceptable que un individuo politizado sea quien conduzca el máximo tribunal de la República, actuando como un simple operador para cambiar piezas políticas por complacencia, justo en un momento de tanta oscuridad y tinieblas en Venezuela.
Esquema autoritario
El activista de los derechos humanos condenó la actuación del Contralor General de la República, Manuel Galindo contra la Asamblea Nacional, al poner en marcha un esquema autoritario implementado por el TSJ para amenazar con el uso de la fuerza pública e invadir los espacios del parlamento venezolano.
El abogado consideró que esta situación se corresponde con la instauración de un brazo político que tiene por objeto ejecutar todas las decisiones del Presidente de la República. “Hoy se repite la historia que nos coloca en los tiempos de Fujimori en Perú o en la Venezuela de 1999 y 2000, cuando los parlamentarios nos encontramos con la Guardia Nacional armada hasta los dientes para impedir nuestra entrada al Parlamento”, dijo.
Calificó como un grave error que el Gobierno de Maduro se empeñe en utilizar el TSJ para anular el Parlamento venezolano, de hecho y de derecho a fin de mantenerse en el poder, mientras, un pueblo está en la calle hambriento, con desesperanza y sin encontrar medicinas ni salud.
Sostuvo que nuevamente la Asamblea Nacional sufre un atentado, esta vez por parte del Contralor General de la República, Manuel Galindo quien al parecer ha sido designado para convertirse en un segundo Fujimori en Venezuela para cerrar la Asamblea Nacional.
Expresó su estupor porque a pesar de que el 6 de diciembre de 2015, la población eligió que la Asamblea Nacional asumiera un control legislativo hacia el Gobierno nacional, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido, mutilando los espacios de un foro político que tiene legitimidad de origen a través del voto directo y secreto, al actuar como un bufete del partido de gobierno.
