El abogado defensor de DDHH y director de la ONG Derechos Civiles, Rafael Narváez, manifestó que el Estado venezolano no encuentra la manera efectiva de enfrentar la propagación del COVID-19, en medio de la situación crítica que vive el país.
Narváez aseguró que el gobierno está atropellando a la población, multiplicando las detenciones y agresiones por parte de funcionarios policiales o efectivos policiales, quienes deberían prestar su apoyo y protección a las personas.
Mencionó casos como los ocurridos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde efectivos de la Guardia Nacional asesinaron a un ciudadano que hacía cola para adquirir combustible.
El defensor de derechos humanos también habló de un joven en esa misma entidad, que fue golpeado por otro guardia por no llevar tapabocas, y finalmente, el de la abogada Eva Leal, quien fue torturada por una teniente del mismo componente de la Fuerza Armada por violar la cuarentena.
“El COVID-19 no se combate violando los DDHH del pueblo. Es una estrategia equivocada por parte del Estado para contener la Pandemia. Hace falta desarrollar políticas públicas de atención a los ciudadanos y no criminalizar a quienes salen a buscar su sustento diario”, explicó Narváez.
Asimismo, repudió el hecho de que algunas personas que estén incumpliendo con las recomendaciones de esta cuarentena, sean detenidas arbitrariamente por los cuerpos policiales y se les apliquen castigos, ya que muchas de ellas necesitan trabajar para poder sobrevivir.
“Con este tipo de castigos se está resucitando la obsoleta y derogada ley de vagos y maleantes, en la que se amparaban funcionarios policiales para detener a personas según les pareciera” acotó el abogado.
No se justifica por ningún motivo que representantes de los cuerpos de seguridad hayan golpeado a ciudadanos por no utilizar un tapaboca, así como también, las sanciones impuestas por los mandos militares a aquellos que se contagien de coronavirus, afirmó.
Por otro lado, el profesional rechazó la medida impuesta en el estado Miranda por parte del gobernador Héctor Rodríguez, según la cual solo se podrá comprar alimentos de acuerdo al número final de la cédula de identidad.
El gobernador sabe que no tiene competencias para decretar un Estado de Excepción y para legislar. Sin embargo, dicta un decreto al margen de nuestra Constitución, restringiendo las garantías y los derechos humanos a la población, alegó el abogado.
Narváez advirtió que el crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 deben motivar a una reflexión profunda del Estado sobre el método aplicado, que se basan en decretos de alarma y excepción, los cuales no han dado resultado.
Con información de Derechos Civiles.
