(Foto @Redi_andes)
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El coordinador de la Asociación en Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez denunció que el estado de excepción que mantiene el Gobierno nacional en el país, sumado a la aplicación del Plan Zamora, arrojan “tortura y muerte” violando además los cuatro principios fundamentales que establece la Carta Magna: la vida, la libertad, libertad de expresión y el debido proceso.
 
El profesional del derecho señaló la existencia de casos emblemáticos como los ocurridos en el estado Carabobo en donde, bajo la dirección del general Antonio Benavides Torres, muchos detenidos, “fueron sacados de sus casas” y presentados ante tribunales militares, violentando con esto el artículo 49 de la CRBV en cuanto al debido proceso y el derecho al juez natural. “Estos tribunales no tienen competencia para procesar y juzgar a civiles por lo que, Benavides Torres y el ministro Néstor Reverol están incurriendo en delitos de lesa humanidad”.
 
Narváez recordó que luego de aprobadas las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que desconocieron a la Asamblea Nacional como poder público con independencia en sus decisiones, los venezolanos salieron a protestar a las calles hace más de 50 días asumiendo lo que tiene que ver con el artículo 68 de la Constitución que autoriza a las personas a las manifestaciones pacíficas. Lamentablemente lo que hemos visto en Venezuela es una represión sin límites, donde la Guardia Nacional se ha convertido en el brazo ejecutor del Plan Zamora que no es otra cosa que un esquema de guerra disfrazado.
 
El jurista condenó la instalación de tribunales militares “ad hoc” como los que existen en el estado Lara y a donde han sido llevados de manera forzosa detenidos desde otros estados del país por estar prohibidos internacionalmente, de acuerdo a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica”.
 
Deploró que hasta el momento, el único resultado que puede presentar el Plan Zamora sea un saldo de más de 46 fallecidos y 980 heridos por bombas lacrimógenas y otras sustancias tóxicas que fueron lanzadas a pocos metros de las víctimas, además de balas de goma y balines, equivalente a una metra, “cuyo uso está terminantemente prohibido”.
 
El defensor de los derechos humanos de los venezolanos instó al Ministro de la defensa, Vladimir Padrino López a que lo reciba en su despacho, en compañía de los familiares de las víctimas de los fallecidos, producto de más de 50 días de represión, a fin de demostrarle, “los excesos de la Guardia Nacional que ha actuado con ferocidad de quien cree estar en una guerra, cuando lo que tienen al frente es un pueblo desarmado”.
 



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