Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, asegura que permitir al ciudadano grabar procedimientos de cuerpos de seguridad del Estado, no elimina la misión rebusque de extorsión y matraca por parte de los funcionarios.
El también exparlamentario calificó como efectista la resolución conjunta que autoriza esta práctica, pues considera que no ataca de fondo el problema de escasa formación de los funcionarios, para actuar como lo han venido haciendo.
A su modo de ver, esta escasa formación, más el desconocimiento de la ley, es lo que los lleva a violar los derechos humanos de los ciudadanos, en los llamados puntos de control.
Según Narváez, por eso intimidad a los ciudadanos y los amenazan con retenerles el vehículo.
El abogado penalista considera que grabar un procedimiento ejecutado al margen de la ley, por un grupo uniformado armado, es riesgoso para el ciudadano y si es de noche más, pues lo amenazan con despojarlo del celular, retención del vehículo y posible siembra .
Narváez exige la depuración con urgencia de estos cuerpos de seguridad, empezando por sus jefes, que a su juicio son responsable por la falta de supervisión, evaluación, control y convalidan esta conducta reprochable al no combatirla.
Con nota de prensa
