Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, advirtió que luego de que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, dieran marcha atrás a las sentencias 155 y 156 que cerraban la Asamblea Nacional, están obligados a renunciar y someterse de inmediato a una investigación penal por parte del Ministerio Público.
El abogado explicó que lo ocurrido con estas sentencias, cuyos aspectos más resaltantes generaron polémica y que fueran suprimidos por las sentencias 157 y 158 este 1 de abril, generó un enorme daño que atenta contra los Derechos Humanos en Venezuela, «algo que no es posible reparar con un simple recule jurídico”.
En su opinión, El TSJ, después de recibir la orden del presidente Maduro de aniquilar a la Asamblea Nacional, no tuvo la valentía para sostener esa orden y dio vergüenza al cambiarla por temor. Sostuvo que esta arbitrariedad debe ser investigada penalmente, porque sentó un mal precedente en el ejercicio de la administración de justicia en el país.
Narváez aseguró que las acciones de la máxima instancia de justicia están enmarcadas en lo que definió como un, golpe continuado por parte de un poder ilegítimo nombrado a la sombra de la media noche, que va en contra del poder originario legitimado a través del voto el 6 de diciembre de 2015 cuando fueron electos los diputados a la Asamblea Nacional. “Este mal gobierno olvidó que el parlamento es el poder más importante de una democracia”.
El jurista enfatizó que son más de 56 sentencias que el TSJ ha emitido en contra de la población venezolana, por lo que a su juicio el máximo tribunal de la República se ha convertido en un, violador sistemático en materia de Derechos Humanos, y que, gracias a un gobierno que tuvo el temor de invadir el seno parlamentario con las armas, usó cual verdugo, a la Sala Constitucional extralimitándola en sus funciones.
Insistió que lo ocurrido con las sentencias 155, 156 y luego con la 157 y 158, colocan la democracia venezolana en terapia intensiva, porque entre otros aspectos, se mantiene la persecución política hacia la disidencia, al darle luz verde a los cuerpos de seguridad del Estado de arremeter contra los diputados, en medio de un proceso de órdenes y contra órdenes sin ningún tipo de control ni de escrúpulos.
Para Narváez, Venezuela se encuentra en medio de un oscurantismo jurídico que pone al Gobierno nacional al desnudo, frente a una mala y fracasada copia de un «fujimorazo» que atenta en contra del derecho más sagrado de la democracia, que no es otra cosa que el voto directo y secreto.
Nota de prensa.
