Rafael Narváez
Foto: (Archivo)
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Para Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, el anuncio del ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, de prohibir manifestaciones públicas, es ilegal porque viola el debido proceso al no haberse aprobado en un Consejo de ministros, y que de haber Estado de derecho, esto debería ser refrendado por la Asamblea Nacional”.

El activista de los derechos humanos aseguró que nuevamente se hace una interpretación arbitraria y conveniente, por parte el Ejecutivo que su juicio viene contraviniendo todo el ordenamiento legal de la nación a manos del Tribunal Supremo de Justicia.

Narváez aseguró que el TSJ, entrego la jurisdicción ordinaria a la justicia militar, asesinando el juez natural y aniquilando el debido proceso y la libertad de expresión. “Para colmo, cómplice de la matanza de venezolanos de forma descarada”, dijo.

En cuanto al anuncio por Reverol, acerca de la conformación de un importante número de sitios de reclusión para quienes cometan delitos electorales este 30J, con penas de entre 5 y 10 años, sostuvo que no es más que un recordatorio de los campos de concentración nazis.

Citó que en estos sitios de reclusión no van a ser para respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, a un abogado, a ser oído o de presunción de inocencia.

“Estoy convencido que serán lugares para torturarlos, amedrentarlos y quebrarlos espiritualmente”.

El abogado condenó la indolencia, tanto de los poderes públicos frente a la situación que atraviesa el país, como de las instancias internacionales, que no reaccionan con fuerza frente a una situación que rebasa los límites de lo tolerable.

En su opinión, el sistema interamericano de Derechos Humanos y el hemisferio solamente hacen catarsis llenándose de vocerías y con una evidente falta de sensatez, para un encuentro que permita un diálogo de verdad para que el pueblo pueda ejercer su soberanía a través del voto directo y secreto en elecciones generales.

Para el jurista, las protestas que arriban al día 118 se han convertido en un genocidio y una guerra civil, producto de la aplicación del Plan Zamora, aprobado por un decreto del presidente Maduro.

Considera que este esquema se aplica con saña, alevosía, resentimiento y odio, dejando como resultado un total de 106 personas asesinadas, así como miles de detenciones arbitrarias y torturados que en algún momento serán investigados y juzgados y condenados sus ejecutores.

Narváez hizo un llamado a resistir con prudencia, porque en su opinión, el país atravesará un calvario hasta pasada las elecciones de la Constituyente.

“No se ha terminado ni el terrorismo de Estado ni la violación de Derechos Humanos, por lo que se exige de nosotros sindéresis y un equipo humano importante con inteligencia y sabiduría”.

La idea, según explicó, es constituir un gran movimiento en defensa de los Derechos Humanos para darle apoyo necesario a las víctimas que están por venir producto sistema militar totalitario que pretende instaurarse en Venezuela.




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