Leer sobre los náufragos de Güiria resultó desgarrador porque prácticamente fueron asesinados. Sorteando los peligros que implica navegar alta mar en peñero, pisaron Trinidad y fueron devueltos por un gobierno que nada conoce de solidaridad, migración forzada, derechos humanos y tratados internacionales, porque devolverlos sin garantizarles las más mínimas medidas de seguridad fue sentenciarlos a muerte y, esa acción no debe ser olvidada por los venezolanos a quienes nos duele esta tierra y trabajamos por rescatar lo que desde las esferas del poder político se esfuerzan en destruir.
La expulsión de compatriotas por el gobierno de Trinidad y Tobago ha sido una política criminal constante. Vale más su simpatía con la revolución “socialista” que la vida de gente humilde, sin mayores oportunidades en este país, porque esos seres humanos que se embarcan en lanchas precarias, muchas veces bajo el engaño de traficantes de personas, representan a los llamados sectores populares que pasanhambre parejo y no tienen acceso a las bondades consagradas en la Constitución Nacional. Tampoco 200 dólares para costear un pasaporte, mucho menos pagar un ticketterrestre o aéreo que les permita emprender nueva vida en otras tierras. El único recurso con el que cuentan para huir de la crisis es la esperanza, aunque a veces resulte traicionera.
Sin importar la fuerte crisis económica/política que padecemos en Venezuela y la misma pandemia, autoridades de la isla caribeña a lo largo del año 2020 han expulsado a cualquier cantidad de connacionales. Nada más durante las últimas semanas del mes de julio y las primeras de agosto, devolvieron a 165 personas. Igualmente, la criminalización por la entrada ilegal de refugiados venezolanos no ha cesado, violando normas internacionales de los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha advertido que expulsar a venezolanos y devolverlos a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huyen en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Pero en la isla se hacen la vista gorda, ya bastante chuparon del petróleo nuestro y no les importa en lo absoluto tender la mano en tiempos críticos. Por el contrario, siguen expulsando a mujeres, niños y ancianos a pesar del peligro que corren con montarse de nuevo en estas lanchas de la muerte, bajo alerta de tormenta, poco alimento y combustible.
A las autoridades trinitarias los números no les importan.Mucho menos si los muertos son nuestros.Vivos tampoco nos quieren. El propio gobierno de la isla ha llamado “personas indeseables” y “asaltantes” a los migrantes venezolanos sin documento, generando más xenofobia y la marca del estigma hacia la comunidad venezolana, esa marca que condena, acusa y asesina, porque en esto de matar, en Trinidad y Tobago, en especial su primer ministro Keith Rowley, parecen ser bien competente.
Mientras siguen devolviendo a nuestra gente, la isla suma violaciones a más de cuatro tratados internacionales. La Convención 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que contempla el principio de la No-Devolución a territorios donde la vida corra peligro, no compartir información con su país de origen y no imponer sanciones por entrada irregular. Además del Estatuto 1967, Convención sobre Derechos del Niño de 1989, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990 y el Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular de 2018.
A esto le agregamos las solicitudes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió detener la devolución de migrantes en el mar. Igualmente advirtió que, de sostener esta política, se sigue violando el principio de “no devolución. Bajo este panorama, esperamos que algún día, los responsables tanto en la isla caribeña como en tierra firme, paguen sus deudas con la justicia terrenal. De la divina que se encarguen los Dioses.
