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Estupor y asombro causo la noticia del ministro de la Defensa de enviar al Táchira a dos mil 600 hombres armados para combatir a los terroristas que supuestamente operan en ese  estado andino y  amenazan con tumbar al presidente Nicolás Maduro. Algo insólito y jamás escuchado en los 18 años de revolución para combatir a los miembros de  de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que antes de firmar el acuerdo de paz, pernotaban o estaban enconchados en este país, con la anuencia de muchos personeros del gobierno y hasta, se dice, del expresidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, en tantos años del Socialismo del Siglo XXI, tampoco se ha visto destinar tantos uniformados para combatir el hampa común y organizada que cada minuto  asesina a  venezolanos y que ha convertido a Venezuela en la segunda nación más violenta de Latinoamérica,  precedida por El Salvador. Pero, de inmediato si se alisto un comando armado institucionalizado y otro al margen de la ley, compuesto por paramilitares y los llamados colectivos de paz, para amedrentar y masacrar a los supuestos terroristas tachirenses, los cuales no son más que los habitantes de ese estado que abandonaron su nobleza y bondad por unos días para alzarse contra las arbitrariedades y ambiciones desmedidas de poder del presidente de la República.

Sí, a esos tachirenses, fervorosos y amparados por el contenido del artículo 68 de la Constitución Nacional protestan y levantan su voz para decir no más dictadura, muertes, hambre y enfermedades, son a quienes el gobierno nacional cataloga como terroristas por el simple hecho de disentir de la forma arbitraria e ineficaz del primer mandatario nacional de dirigir el Estado y por haber subyugado con piedras, entereza y fuerte carácter a aquellos militares que han pretendido reprenderlos en forma brutal y desquiciada, como si fuesen matones absueltos, miembros de las bandas criminales organizadas más secuaces o delincuentes de alto nivel.  Pero no es así, esos pobladores del Táchira no son terroristas, como los ha catalogado el gobierno y el ministro Padrino López. Son, como los describió el primer teniente  Paul Enrique Machado Briceno, quien públicamente se sublevo contra su Comandante en Jefe y renuncio a la Guardia Nacional Bolivariana, gente campesina y trabajadora que se forja cada día en los campos para sembrar y producir comida y no terroristas. Mucho menos paramilitares, para disparar contra ellos y callarlos para siempre por el simple hecho de decir ya basta,  no más dictadura y no a la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, porque no es más que una estrategia para constitucionalizar el comunismo y convertir en zombis o títere a cada habitante de esta nación totalmente destruida y convertida en una República miserable, donde cualquiera puede enfrentarse por un kilo de harina de maíz precocida o de leche, arroz o cualquier alimento que hoy es escaso y tan limitado de adquirir por su alto precio.

No sólo a los manifestantes tachirenses, el gobierno los califica  de terroristas.  Igual hace con todos los moradores que en las distintas ciudades manifiestan abiertamente su rechazo a la gestión de Nicolás Maduro  en las calles de forma pacífica, tal y como se lo permite la constitución, esa misma que redactaron los constituyentistas chavistas en 1999 y que según el ex presidente Hugo Chávez, estaba blindada. Para el Primer Mandatario Nacional, sus ministros y todos quienes le secundan desde los otros poderes alineados al Ejecutivo, son terroristas quienes han ejercido su derecho constitucional a la protesta desde finales de marzo de 2017 en Caracas, Maracaibo,  Los Teques, Valencia, Cabudare, Barquisimeto, Maracay, San Cristobal y Mérida, entre otras ciudades y municipios del país, razón por la cual no son escuchadas sus peticiones de libertad, no más dictadura, no a la Asamblea Nacional Constituyente, no a mas hambre y muertes por falta de comida y medicinas, sino que despliegan en su contra para amedrentarlos, silenciarlos y hasta matarlos  miles de tanquetas anti motines, bombas lacrimógenas, perdigones, metras y hasta balas, lanzadas y disparadas, respectivamente,  por uniformados que se olvidaron que su deber es defender  la Carta Magna y no a un gobernante forajido que viola día a día los preceptos constitucionales para enclavarse en Miraflores y cambiar las reglas de juego democráticas consagradas en la Carta Fundamental.

Fichan de terroristas a quienes hoy se atreven a alzar la voz en contra de un gobierno arbitrario y  autoritario que no respeta, por ejemplo, el voto popular que eligió a los diputados opositores de la Asamblea Nacional, pero hace tiempo no aceptó que la Organización de Estados Americanos le endilgara ese calificativo a la Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, FARC, aunque el accionar de sus miembros, antes del pacto de paz, si era terrorista, pues  secuestraban, violaban, asesinaban a sangre fría y sin extorsionaban y cometían todas clase de delitos, considerados en las leyes como actos terroristas, sin embargo Hugo Chávez se opuso abiertamente a que le dieran ese calificativo.

El gobierno responde con acciones bélicas  las protestas en su contra. Se niega escuchar las demandas de una población hastiada de tanta desidia política y corrupción administrativa,  porque para el presidente  Nicolás Maduro es más fácil llevar al terreno militar los problemas sociales para poder justificar la beligerancia en este conflicto social   y hacerle creer al mundo que esas protestas conforman una sublevación armada para tumbar su gobierno.  Es tan así, que ya los tribunales militares son los encargados de juzgar a los civiles apresados durante la protesta. Una barbarie cada vez mayor que pone en evidencia la inexistencia del Estado de Derecho en el país y el quiebre de la democracia. Un doble discurso se maneja desde el gobierno, por cuanto tildan de terroristas a los manifestantes pacíficos, pero amparan a los colectivos, paramilitares u otros grupos armados desalmado para que ataquen salvajemente o maten a la población opositora que expresa su descontento en la calle o desde sus casas tocando cacerolas, irrumpan violentamente en sus viviendas y provoquen hechos  vandálicos, catalogados en las leyes como delitos.

Llamar  “apátrida”, “pelucón”,  “terrorista”, u otro adjetivo calificativo no propio de un presidente de la República que respete su investidura, a quien contraria su forma de ejercer el poder es normal en el léxico de Nicolás Maduro para referirse a todo quien no comulga con su proyecto político comunista. Para él y su equipo de gobierno es muy fácil descalificar e insultar a sus contrincantes, pero hay de quienes se atrevan a decirle públicamente y no en cadena como lo hace él o cualquiera de sus colaboradores, una verdad sobre su nefasta manera de conducir el país o a tocar cacerolas o repudiarle por el hambre que está haciendo pasar a la población. Quienes le enfrentan y expresan la verdad sobre su manera nefasta de gobernar no son opositores, sino terroristas a quienes deben enfrentar como si estuviesen en una guerra y no en una sublevación popular no armada. Lo cierto es que esta maquinal y perversa estrategia gubernamental ya van más de 47 muertes de inocentes por el simple hecho de haber levantado su voz y salido a la calle  en defensa de la democracia y las libertades públicas,  así como en la búsqueda de una nación saqueada por un gobierno que al parecer no tiene dolientes por esta tierra, por cuanto desde que se instauraron en el poder su principal tributo ha sido destruir todo lo que encuentren a su paso, cuan caballo de Atila y acabar con los sueños de muchos jóvenes que por no ser del Partido Socialista Unido de Venezuela o no estar de acuerdo con el proyecto castro comunista no tienen ninguna esperanza de avanzar. Quienes se dejaron adoctrinar por el comandante, hoy siguen ciegos y como tal van directo al despeñadero y a un abismo seguro si se implanta el comunismo a través de la asamblea constituyente comunal, cuan todos esos cubanos que por más de 50 años viven en la oscuridad y clamando por un blue jean, crema dental, champú, un par de zapatos digno, una torta, un pedazo de pan o cualquier cosa elemental necesaria para satisfacer las necesidades básicas.  Así que presidente, esos manifestantes no son terroristas. Son opositores a  su ingobernabilidad y gobierno opresor.

           

 




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