La normativa de la UEFA establece que la admisión en sus competiciones «puede ser denegada con efecto inmediato» para a las asociaciones o clubes «implicados directa o indirectamente en cualquier actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional».
Así lo dicta el apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos del organismo referente a la no admisión en sus competiciones, que en el punto anterior dictamina que para la participación en las mismas será condición que cada asociación o club afiliado cumplan con estos estatutos y las regulaciones y decisiones hechas al amparo e ellos por los órganos competentes.
La UEFA anunció este jueves el inicio de una investigación al FC Barcelona por una «potencial violación de su marco legal» en relación con el llamado caso Negreira, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, por los pagos de 7,3 millones de euros hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2001 y 2018.
De acuerdo al artículo 31 (4) del reglamento de Ética y Disciplina, la UEFA ha designado inspectores disciplinarios para conducir la investigación, según confirmó en un escueto comunicado, en el que indica que facilitará más información en su debido curso.
La UEFA solicitó información sobre el caso a la Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 24 de febrero, nueve días después de hacerse pública la investigación iniciada por la Fiscalía de Barcelona que luego presentó la denuncia admitida en el juzgado el último día 15.
Según la denuncia de la Fiscalía admitida en el juzgado, la entidad azulgrana, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, «alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero -7.3 millones de euros entre 2001 y 2018- realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club».
Con motivo del escándalo que salpicó al fútbol italiano en 2006 y a clubes como el Milán, que ganó la «Champions» 2006-07 y haba sido declarado culpable de amaños de partidos solo unos meses antes del inicio de la competición, la UEFA incluyó en su normativa que condiciona la admisión, «sin perjuicio de las posibles medidas disciplinarias».
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