Estados Unidos y Cuba mantuvieron duras negociaciones que permitieron a Washington poner fin a la política de «pies secos, pies mojados» para los inmigrantes cubanos, pero lograron una normativa justa y apropiada, dijo este miércoles el presidente Barack Obama.
Esa política era «un resabio de una vieja forma de pensar que no tenía sentido en estos días y en esta era», dijo Obama. Alcanzamos una política (migratoria) que pienso que es justa y apropiada a la naturaleza cambiante de la relación bilateral.
La política de «pies secos, pies mojados» permitía a inmigrantes cubanos que llegaran ilegalmente a territorio estadounidense beneficiarse de un trámite acelerado para obtener la residencia permanente, al tiempo que los interceptados en el mar eran devueltos a Cuba.
Con esa política, señaló Obama, Estados Unidos trataba «a los inmigrantes cubanos de forma completamente diferente de personas de El Salvador o Guatemala o Nicaragua».
De acuerdo con el presidente saliente, ese cambio debe ser visto como parte de un cambio monumental en las relaciones entre los dos países.
En su última conferencia de prensa antes de pasar el poder a su sucesor, Donald Trump, Obama también se refirió a la situación de los inmigrantes en general en el país, estimando que expulsarlos del país sería una violación a valores medulares del país.
«Hay una diferencia entre el normal funcionamiento de la política y ciertos temas donde nuestro valores medulares pueden estar en riesgo (…) Pongo en esa categoría los esfuerzos institucionales de silenciar el disenso y la prensa, y de deportar chicos que crecieron aquí y en la práctica son estadounidenses», dijo.
Esos jóvenes hijos de inmigrantes irregulares pero que nacieron y se criaron en Estados Unidos «aman este país, son amigos de nuestros hijos, están ahora ingresando a las universidades y en algunos casos sirviendo en nuestras Fuerzas Armadas», añadió el mandatario.
Trump prometió adoptar una posición mucho más rígida hacia los inmigrantes en situación irregular, y llegó a proponer durante la campaña electoral la expulsión del país de un contingente estimado en unos 11 millones de personas, aunque luego ha matizado esas posturas.
