Los obispos ofrecen su "colaboración sincera al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos.(Referencial)

La Conferencia Episcopal Española (CEE) reivindicó hoy el diálogo y el respeto a las leyes como solución al contencioso en la región de Cataluña, cuyos dirigentes han convocado para el domingo próximo un referéndum independentista suspendido por la Justicia española, que lo considera ilegal.

A través de una declaración institucional los obispos tomaron posición en el actual conflicto institucional entre el Gobierno español y las autoridades regionales catalanas.

En ese documento la CEE pide que se “eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que sitúen a las administraciones y partidos al margen de la práctica democrática”.

La declaración institucional insiste en la necesidad de “recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones”, en el marco del “respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución”.

La declaración de la Conferencia Episcopal llega después de que más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes firmaran un manifiesto de apoyo a la independencia y, posteriormente, más de 400 religiosos remitieran al papa Francisco una carta en la que le solicitan que medie ante el Gobierno de España para que permita el suspendido referéndum independentista del 1 de octubre.

Los obispos ofrecen su “colaboración sincera al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos” e invitan a orar por quienes “tienen la responsabilidad en el gobierno y en las distintas administraciones públicas”, para que “todos seamos guiados por la sensatez”.

La declaración, leída por el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, plantea que se avance “con responsabilidad en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que la sociedad sea un espacio de fraternidad, libertad y de paz”.

Todo ello para que las instituciones y entidades no se sitúen “al margen de la práctica democrática amparada por las legitimas leyes que garantizan la convivencia pacífica para que no se originen fracturas familiares, sociales y eclesiales”. 




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