«Solicitamos se considere el otorgamiento de una medida humanitaria por razones de salud a Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García», indicó en un comunicado la comisión de la CEV.
Asimismo, pidió «información fidedigna» sobre las condiciones en las que se encuentran los activistas, quienes están contagiados con covid-19, según informó la semana pasada su equipo de defensa.
La CEV aseguró que ha «recibido información» por parte de los familiares que indica que los detenidos se «encontrarían en condiciones inadecuadas de detención», y por ello alertó que «en el actual contexto de pandemia, esta situación» los «pondría en mayor riesgo».
En ese sentido, denunció que a los familiares de los hermanos Tarazona y Omar García «se les ha negado información sobre su estado de salud».
Asimismo, expresó su preocupación por la forma en que fueron detenidos los activistas, pues no había una orden judicial y se realizó en el momento en el que se encontraban en una sede del Ministerio Público denunciando la supuesta relación de funcionarios del Estado con grupos guerrilleros.
A la comisión le preocupa que se estén deteniendo a defensores de derechos humanos por hacer denuncias y ante ello pidió respeto hacia su labor.
Según informó la Fiscalía venezolana el pasado julio, los tres activistas fueron detenidos por supuestamente hacer «difamaciones» tras presentar la denuncia de la relación entre funcionarios del Estado con grupos guerrilleros colombianos como el ELN o la extinta FARC.
El fiscal general, Tarek Saab, los acusó de recibir instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.
Según Saab, con estas agresiones se buscaba una «intervención militar extranjera».
Antes de su detención, Javier Tarazona había informado que estaba siendo objeto de «persecución».
El activista aseguraba que estaba siendo perseguido, después de que se convirtiera en las principales fuentes que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto ocurrido en marzo entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
