La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación recuerda que los gobernadores recién electos deben juramentarse ante las respectivas Asambleas Legislativas Estadales, y no ante la Asamblea Nacional Constituyente como pretende imponer el Ejecutivo nacional.
A través de un comunicado, la organización no gubernamental sustentó su tesis al hacer referencia al artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción Gobernadores que establece dicho dictamen, y objeta la advertencia formulada por el propio presidente de la República enunciada a los candidatos electos en los comicios del pasado 15 de octubre «de no permitirles ocupar sus cargos si no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente».
Criticó que los candidatos ganadores no puedan ocupar sus cargos porque se les impongan condiciones para ser reconocidos, no establecidas en ley alguna nacional o estadal, o que se despojen de atribuciones o recursos los cargos públicos que han de desempeñar «ya que esto constituye un desacato de la decisión de los electores». Mostró preocupación porque esta medida podría afectar a los gobernadores de Táchira, Mérida, Zulia, Nueva Esparta y Anzoátegui donde la elección favoreció a los candidatos de la oposición, y quienes se niegan a someterse a dicho mandato presidencial.
El texto igualmente denuncia la medida impuesta por el gobierno central de intervenir las policías estadales de las cinco entidades donde triunfó el voto opositor. «Esta medida, aplicada sólo a los Gobernadores electos no afines al partido de gobierno, limitaría la capacidad de las autoridades electas de enfrentar los graves problemas de seguridad ciudadana que afectan a la población de los estados en donde deberán ejercer sus funciones de gobierno”.
Recalcó la Red que en un proceso electoral verdaderamente democrático se debe contar no sólo con votaciones competitivas y libres, estimuladas y protegidas por las autoridades electorales, sino que es además imperioso que se respeten los resultados que expresan la voluntad popular.
No dudó en señalar la serie de irregularidades ocurridas antes y durante el proceso electoral, entre las cuales se encuentran la inhabilitación de candidatos; la descalificación de la MUD para presentar candidatos en siete estados; el impedimento a los partidos de sustituir candidatos postulados; las reubicaciones precipitadas e ilegales de centros de votación; el voto bajo coacción; la compra de votos; el amedrentamiento de electores y las irregularidades posteriores evidenciadas en la propia votación.
LA LUPA PUESTA EN BOLÍVAR
La Red de Observación Electoral expresó su inquietud en torno al reclamo del candidato a la gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez quien la semana pasada denunció la alteración de los votos registrados en las actas de varias mesas de esa entidad en perjuicio de su candidatura. Precisó la institución que al respecto bastaría una recta revisión comparativa entre lo contenido en las actas y la información transmitida al CNE, para despejar las dudas sobre quién es el ganador de la contienda. Siendo esto así, cualquier obstrucción a la realización plena y transparente de este procedimiento arrojará cuestionamientos razonables sobre la legitimidad de quien sea proclamado Gobernador de esa entidad.
Indicó además el proceso comicial en Bolívar es uno de los casos en que se manifiesta de manera patente el efecto pernicioso de haber mantenido en la boleta de votación los nombres de personas que se habían retirado de la contienda electoral. En este estado 3.787 electores emitieron su voto por Francisco Sucre, quien fuera candidato de los partidos AD, PJ y PA en las elecciones primarias de la oposición, los cuales solicitaron la sustitución de Sucre por Andrés Velásquez, lo que las autoridades del CNE negaron a hacer, basados en una acomodaticia decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inocultable sesgo político.
Sustentó la Red que de haberse cumplido con lo que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los votos obtenidos por Francisco Sucre tendrían que ser sumados al candidato Andrés Velásquez, lo que le habría otorgado el triunfo en la elección. De manera que con la decisión del Consejo Nacional Electoral se consumó una flagrante violación de la voluntad de los electores.
A tal efecto, reveló el comunicado de la ONG, que «la elección de gobernadores efectuada el 15 de octubre estuvo signada por un conjunto de manipulaciones, violatorias de las normas establecidas, que hacen pensar que hubo un deliberado propósito de alterar los resultados de la elección en favor de los candidatos del partido de gobierno”. Consideró igualmente que “Solo la intervención de jueces imparciales y de reconocida trayectoria, permitiría restablecer la confianza ciudadana en los procesos electorales en el país, menoscabada por las actuaciones de las autoridades electorales, mediante la realización de una auditoría general del proceso electoral que establezca la verdad sobre lo sucedido y dé bases para que se hagan las correcciones pertinentes”.
