La carrera de obstáculos de los migrantes irregulares por la vacuna en España
Inmigrantes en el muelle de Arguineguín, Canarias / Foto referencial: EFE

“Sé que vacunarme no me va a evitar un contagio, pero al menos podría salir de casa con tranquilidad”. Livia tiene 70 años y hace seis se reagrupó desde Venezuela con su familia en España. No tiene acceso a la sanidad pública española y solo gracias a la buena voluntad de algunos médicos puede hacerse pruebas que no podría pagarse.

En España tanto las personas reagrupadas por familiares, como los migrantes que llevan menos de tres meses en el país, no tienen acceso al servicio de salud público, según denuncian las oenegés, que recuerdan que la vacunación contra la COVID-19 no resultará efectiva si no es universal.

Cuando la vacunación en personas mayores de 60 años alcanza ya 90% en su primera dosis en España y el 43,9% en la pauta completa, Livia, que cumplirá 71 años en septiembre, sigue esperando su turno.

En su caso, cuenta con una red familiar en el país, una situación muy distinta a la del medio millón de personas que, según cálculos de algunas organizaciones, residen en España de manera irregular y tampoco tienen acceso al sistema sanitario.

“La sanidad en España no es universal”, explica Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo, quien recuerda que lo más costoso para el sistema sanitario es atender casos graves: “al final sale más caro si alguien llega muy enfermo que si hubiera llegado al principio de la enfermedad, la medicina preventiva es la más barata”.

La burocracia, el mayor obstáculo para vacunarse

A los padres de Erika, peruana con 21 años en España, les vacunaron por la insistencia de su hija. Llegaron en 2018 al país y desde entonces su hija hace frente a un seguro médico privado (obligatorio para que pudieran reagruparse) que apenas puede pagar.

“El acceso al sistema sanitario constituye una lucha pero en este caso no era el tema, el tema esta vez radicaba en que pudieran vacunar a mis padres que tienen 75 y 76 años, y tienen enfermedades crónicas”, señala Erika.

Esta peruana visitó de manera repetida todas las instancias sanitarias a las que tenía acceso: su centro de salud (donde le dijeron que solo vacunaban a las personas citadas), el responsable de Salud de su municipio (que no sabían cómo se elaboraban los listados) y la Seguridad Social (que la remitió a su seguro privado).

“Los del seguro me dijeron que no tenían ninguna dotación de vacunas, que estaba en manos del Estado, así es que presenté una reclamación y me contestaron que el Estado garantizaba la vacunación de todas las personas residentes en España pero que no me podían dar fechas ni información”, rememora.

“En el centro de salud ya se me caían las lágrimas y al final por pesada y porque creo que les di pena, conseguí que los citaran, los vacunaron la semana pasada y ya tienen cita para la segunda dosis”, cuenta aliviada.

La desconfianza en las instituciones, otro gran problema

A la falta de listados oficiales de personas sin regularizar en España, se suma en este caso la desconfianza de estas personas hacia las instituciones y su miedo a que los expulsen del país al que tanto les costó llegar.

Según indica la presidenta de Médicos del Mundo, algunas regiones españolas están solicitando ayuda a las organizaciones que trabajan con estos migrantes para poder hacer llegar información sobre la vacunación.

“Hay una parte cultural que marca y la de la desconfianza aún más, en caso de las personas reagrupadas no tienen esa desconfianza porque tienen documentación y no tienen miedo a terminar expulsados, pero en el caso de las personas sin regularizar sí, por eso pedimos un compromiso claro de la Administración de no expulsar” a quienes den sus datos, señala esta médico.

Desde la plataforma Regularización Ya aseguran que “al Estado le corresponde desarrollar planes de salud pública que tomen en cuenta a todos los grupos poblacionales y, en especial, a los grupos vulnerables”, pero denuncian que “no lo hace con las personas migrantes en situación de irregularidad administrativa porque no las reconoce como personas identificadas o sujetos de derechos”.

“Durante la pandemia, el Estado Español ha faltado a su obligación de establecer planes de salud que respondan a las necesidades de las personas migrantes en situación irregular” algo que “no sólo pone en riesgo la salud de las personas migrantes, sino al conjunto de la población del Estado”, manifestaron miembros de la organización.

El gobierno asegura que la vacunación llegará a todos

Consultado por EFE, el ministerio de Sanidad español se ciñó a asegurar que “todos los residentes en España serán vacunados”.

“Dado que el proceso de vacunación depende de las comunidades autónomas y son ellas las que van citando según el grupo al que pertenecen y que está definido en la Estrategia de Vacunación, en el caso de que una persona no lo sea, debe dirigirse a ellas”, explicaron desde el Ministerio.

Según la presidenta de Médicos del Mundo, ante la excepcionalidad del momento, las organizaciones deben “denunciar” pero también “dar margen” a las instituciones para que puedan hacer una vacunación efectiva.

“Tampoco esta siendo fácil para las personas que estamos en el sistema”, comparte Turienzo. EFE




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