Las restricciones dispuestas por el Gobierno contra Odebrecht mantienen preocupados a los trabajadores y proveedores de la compañía. Esto debido a que temen que se incumpla con el pago de sus remuneraciones y los contratos por las obras realizadas.
El diario El Comercio de Perú, publica que para garantizar la reparación civil al Estado por los actos de corrupción de Odebrecht en Perú, el Gobierno emitió normas para impedir que la empresa pueda disponer libremente de sus recursos, medida que es apoyada por algunos congresistas y analistas. Sin embargo, esta disposición “ha afectado a los trabajadores porque sus remuneraciones y beneficios sociales corren peligro”, dice a El Comercio Michael Valdivieso, vocero de trabajadores de Odebrecht Perú.
Valdivieso señala que Odebrecht ya informó a los trabajadores de que podría tener problemas con el pago de salarios por las retenciones y embargos de los recursos y que la situación ya se percibe entre quienes optan por desvincularse voluntariamente de la empresa, pues tienen que esperar entre 1 o 2 semanas para recibir su liquidación.
“Estamos de acuerdo con que sancione los actos de corrupción y que Odebrecht pague su indemnización al Estado, pero en este proceso los trabajadores no tenemos nada que ver. Pedimos a las autoridades que se sienten a conversar con nosotros”, manifiesta Valdivieso.
En el último año y medio, la fuerza laboral de Odebrecht en Perú se redujo de 20 mil a 5 mil trabajadores. La compañía paralizó obras en grandes proyectos como el gasoducto del sur y Chavimochic. “El volumen de trabajadores se redujo en la medida que se recortaron las obras. A los despedidos se ha sumado una ola de renuncias por la presión y temor de no cobrar la liquidación”, asevera Valdivieso.
La preocupación también está presente entre los 600 proveedores de la constructora brasileña. El representante de ellos, Hugo Alache, afirma que “hace 3 meses no reciben los pagos” por los trabajos hechos para Odebrecht.
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