El grupo de países pidió la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la quinta sobre Venezuela en un mes, «considerando la creciente preocupación» continental sobre ese país, donde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro dejan ya una treintena de muertos.
La petición fue presentada por Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que le atribuyen «carácter urgente y de interés común» a la situación en Venezuela.
Esos países necesitan sumar uno más para obtener la mayoría (18) de los 35 países miembros necesaria para aprobar la convocatoria de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores.
Pero la sesión, que debe empezar a las 16H00 locales (20H00 GMT), en la sede del organismo en Washington, anticipa ser contenciosa desde el primer minuto: Venezuela, que denuncia una injerencia en sus asuntos internos, seguramente disputará la inclusión de la propuesta en el orden del debate.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el martes que el presidente Nicolás Maduro ordenó «iniciar el procedimiento de retiro» del país de la OEA «de realizarse alguna reunión de cancilleres (..) que no cuente con el aval y el consentimiento del gobierno de Venezuela».
El pedido de los 17 países arrecia la presión internacional sobre el gobierno venezolano, que se intensificó luego de que a finales de marzo el máximo tribunal se atribuyera temporalmente funciones del Parlamento, el único poder en manos de la oposición.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que califica al gobierno venezolano de «dictadura» y lo acusa de tener «las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo», defiende un llamado a elecciones generales como única salida a la crisis.
La gran mayoría de esos países respaldaron el 3 de abril una resolución del Consejo Permanente de la OEA que declaró una «grave alteración inconstitucional» en Venezuela, basados en la Carta Democrática Interamericana, un documento de la institución para la vigilancia de la democracia en el continente.
Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos de intervención «para promover la normalización de la institucionalidad democrática» en un país.
Si esas iniciativas diplomáticas fracasaran, una cumbre de cancilleres podría, con la aprobación de 24 países, suspender al país de la OEA.
Caribe, la clave
La clave sobre cómo avanzará el caso venezolano en la OEA radica en la actitud que asuman las islas del Caribe anglófono y francófono. Venezuela ha suministrado petróleo en condiciones preferenciales a muchos de esos países y por muchos años éstos se inclinaron por las posiciones de Caracas en el ente continental.
Además de Barbados, Bahamas y Jamaica, que integran el grupo de 17 países, otros como Santa Lucía, Belice, Trinidad y Tobago, y Guyana han respaldado iniciativas para discutir el caso venezolano en el seno de la OEA.
Sin embargo, ello no garantiza un apoyo de esos países a la cita de cancilleres, especialmente por la rotunda negativa de Caracas.
En ese escenario, los embajadores también tendrán presente que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ya convocó, a petición de Caracas, una reunión extraordinaria de cancilleres para el 2 de mayo.
A diferencia de la OEA, la Celac, una iniciativa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, padre político de Maduro, excluye a Canadá y Estados Unidos pero incorpora a Cuba.
En las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas, los opositores se movilizaban este miércoles en una nueva manifestación para exigir elecciones generales, liberación de dirigentes presos, ayuda humanitaria y respeto al Poder Legislativo.
Pero al menos en Caracas la marcha devino en enfrentamientos con agentes antimotines que impedían el paso hacia el centro de la ciudad.
